VEGUETA 9 (2006), ISSN: 1133-598X 219
BIBLID 1133-598X (2006) p. 219-242
LA VIVIENDA EN EL MEDIO RURAL DE CANARIAS
(ESPAÑA): DIAGNOSIS Y CRITERIOS DE ORDENACIÓN
JUAN MANUEL PARREÑO CASTELLANO
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
Departamento de Geografía
jparreno@dgeo.ulpgc.es
Fecha de recepción: junio de 2005
Resumen
En las Islas Canarias, como consecuencia de la aprobación de varios documentos normativos
sobre ordenación territorial, se están procediendo a realizar unas directrices de ordenación del medio
rural con el fin de adoptar criterios de desarrollo sostenible. En este proceso, la vivienda es uno de
los elementos a regular, dada la importancia socioeconómica y patrimonial que tiene. En este artículo
se realiza un análisis de la situación de la vivienda en los municipios rurales de Canarias, que
se caracteriza por la elevada presencia de inmuebles desocupados y de uso secundario, la persistencia
de áreas con deficientes condiciones de habitabilidad y la destrucción de los valores patrimoniales,
entre otros aspectos que se señalan. El diagnóstico realizado permite concluir el artículo con
algunos criterios generales que podrían ser considerados en la futura regulación normativa sobre el
medio rural del Archipiélago.
Palabras clave: Vivienda, Medio Rural, Ordenación Territorial, Islas Canarias.
Abstract
As a consequence of approving several regional planning documents in the Canary Islands,
rural planning guide lines are being drawn up with a view to adopting sustainable development
criteria. Housing is one of the elements to be regulated in this process, given the socio-economic and
heritage importance of these. In this article, we conduct an analysis of the housing situation in the
rural municipalities of the Canary Islands, characterised by the large number of unoccupied properties
and the existence of second homes, the persistence of areas with a deficiency in living conditions
and the destruction of heritage values, all of which are among the aspects dealt with. The diagnosis
leads to the conclusions of the article with regard to general criteria that could be considered in
the future regulation of the Canary Islands countryside.
Key words: Housing, Rural Environment, Regional Planning, Canary Islands.
220 VEGUETA 9 (2006), ISSN: 1133-598X
Juan Manuel Parreño Castellano
La vivienda en el medio rural de Canarias (España): diagnosis y criterios de ordenación
1. INTRODUCCIÓN
El Decreto Legislativo 1/2000 de 8 de
mayo, en el que se refunden los textos de
las Leyes de Ordenación del Territorio y
de Espacios Naturales de Canarias, estableció
las directrices generales y sectoriales
de ordenación como instrumentos
propios del Gobierno de Canarias para la
regulación de los recursos naturales y
territoriales del Archipiélago. En este sentido,
recientemente se han aprobado las
Directrices de Ordenación General de
Canarias y las Directrices de Ordenación
del Turismo mediante la Ley 19/2003 de
14 de abril, con el fin de implantar un
modelo de desarrollo sostenible en las
Islas, basado en el uso racional y eficiente
de los recursos naturales, del territorio,
de las infraestructuras y de las construcciones;
en el establecimiento de un mayor
equilibrio económico entre los sectores
productivos y entre las unidades territoriales
y en un aumento de la calidad de
vida de los ciudadanos.
La vivienda, como recurso territorial y
como derecho constitucional de todos los
españoles según el artículo 47 de la Constitución,
requiere de una correcta ordenación
con el fin de posibilitar el desarrollo
sostenible de Canarias, tanto en lo que se
refiere a la correcta distribución de la función
residencial en el territorio y a la satisfacción
de las necesidades habitacionales
de la población como a la conservación y
uso racional de los bienes inmobiliarios.
Con este fin, en la citada Ley 19/2003 de
14 de abril se han establecido diversas
directrices en torno a la vivienda, que
serán desarrolladas de un modo más
amplio en las futuras Directrices Sectoriales
de Ordenación de la Vivienda, como
en la propia ley se menciona.
En este momento, en el que se están
acometiendo nuevos desarrollos legislativos
en torno a la ordenación del medio
rural en las Islas, se debe considerar de
nuevo la ordenación de la vivienda. El
hecho de que, en primer lugar, sea un
recurso necesario e indispensable para el
desarrollo de actividades productivas
agrarias y turísticas tanto por su carácter
patrimonial y paisajístico como por su
función habitacional; en segundo lugar,
de que tenga un peso específico en el
establecimiento de la población y en el
aumento de la calidad de vida de los
hogares y, por último, de que su falta de
control implique el desarrollo de dinámicas
destructivas del suelo rústico productivo,
de los recursos territoriales y de los
espacios naturales, justifican sobradamente
que se considere su regulación
dentro de las futuras Directrices de Ordenación
del Medio Rural en Canarias.
Pues bien, con el fin de poder aportar
algunas orientaciones útiles para la formulación
de esas futuras directrices, es
necesario ahondar en el conocimiento de
la situación de la vivienda en el medio
rural. Es este precisamente el objetivo de
este artículo en el que se presenta la situación
de la vivienda en el mundo rural de
Canarias a partir de la información estadística
que aporta el Censo de Viviendas
del año 2001, sin menoscabo del uso de
algunas otras fuentes específicas. Posteriormente,
se aportan algunas recomendaciones
consecuentes con el estudio realizado
con la intención de que puedan ser
consideradas en la futura elaboración de
las mencionadas directrices1.
2. LOS ESTUDIOS SOBRE VIVIENDA
EN EL MEDIO RURAL
La vivienda rural ha sido objeto de
análisis desde numerosas disciplinas y
puntos de vista. Los estudios que se centran
en las características tipológicas ocupan
buena parte de la producción científica
al respecto. Aunque en el caso de
VEGUETA 9 (2006), ISSN: 1133-598X 221
Juan Manuel Parreño Castellano
La vivienda en el medio rural de Canarias (España): diagnosis y criterios de ordenación
Canarias las aportaciones no son numerosas,
han visto la luz algunas que se centran
en alguna tipología de vivienda
específica o en la situación del patrimonio
inmobiliario de una isla determinada
(GONZÁLEZ GARCIA, 1983), (SANTANA
DÍAZ, 1991), (FERNANDEZ RODRÍ-
GUEZ, 1999), (ASOCIACIÓN CULTURAL
DIAS DE LA TRADICIÓN
CANARIA, 2003). En algunos de estos
trabajos se aborda de un modo más
extenso la vivienda tradicional y sus
implicaciones urbanísticas, como en el
caso de La Laguna (ALEMÁN DE
ARMAS, 1976).
Las transformaciones funcionales del
medio rural y, consecuentemente, de la
vivienda ha sido otra valiosa perspectiva
de análisis que entronca además con una
importante línea de investigación desarrollada
desde la Geografía española. En
los análisis sobre el espacio rural en
Canarias se aborda, no obstante, la
vivienda como una cuestión secundaria, e
incluso, marginal (GONZÁLEZ MORALES
Y MARTIN RUIZ, 1989), (SIMPOSIO
INTERNACIONAL SOBRE EL MUNDO
RURAL, 1999), (MOLINERO HERNANDO
et al. 2003), (MORALES MATOS,
2003), lo que no es óbice para que fuera
de las Islas se hayan presentado interesantes
propuestas sobre la relación entre
la dinámica del medio rural y de su patrimonio;
tales como los nuevos roles de la
vivienda en áreas de abandono agrícola y
desarrollo de la residencia secundaria
(RABANOS, 1985), (ALBERDI COLLANTES,
2000) o la conjunta modernización
inmobiliaria al albor de desarrollo agrícola
(LOCATEL, 2003).
Una tercera línea de análisis es la que
se centra en la habitabilidad de los
inmuebles y en las condiciones urbanísticas
de producción. En el primer caso, los
estudios publicados no se refieren a la
realidad insular (FRANCIA VIÑA y
GARCÍA ALONSO, 1976), (TURRO
GOULA, 1990), (NÓVOA SANZ, 1991),
mientras que en el segundo cabe destacar
desde los análisis que abordan la producción
inmobiliaria en suelo no urbanizable
(DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE
VALENCIA, 1983), (ANTOLÍN IRÍA,
2000) hasta los estudios y censos sobre
vivienda ilegal de los que se obtienen
valiosa información sobre municipios
rurales (MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
Y TRANSPORTE, 1994), (GESPLAN,
2000). También cabe mencionar
algunas aportaciones generales que abordan
esta temática parcialmente (DIPUTACIÓN
PROVINCIAL DE GRANADA,
1981).
Finalmente, es justo reseñar una última
línea de edición que se ha venido desarrollando
centrada en el análisis de las
políticas de vivienda en el medio rural,
que ha generado interesantes conclusiones
sobre la promoción pública construida
fuera de las Islas (AA.VV, 1985),
(OYÓN BAÑALES, 1985), (AA.VV., 2003)
y sobre las políticas de auxilios a la rehabilitación
de la vivienda rural (CONSEJERÍA
DE OBRAS PÚBLICAS, VIVIENDAS
Y AGUAS, 1992; 1996 y 2002). En este
mismo sentido, se han abordado dichas
políticas de un modo comparado en el
marco de la Unión Europea en recientes
trabajos (GALLET, SHUCKSMITH y
TEWDWR-JONES, 2003).
Centrándonos en el tema específico
que se aborda en este artículo, la caracterización
de la vivienda rural a partir de
las fuentes estadísticas censales no cuenta
con abundantes estudios previos. El
Censo de Viviendas en España ha sido
analizado de un modo global en algunos
casos, como en los análisis que se han realizado
en la Comunidad de Madrid a partir
de los Censos de Población y Vivienda
de 1991 y 2001 (LEAL MALDONADO,
1993 y 2005) (LEAL MALDONADO y
222 VEGUETA 9 (2006), ISSN: 1133-598X
Juan Manuel Parreño Castellano
La vivienda en el medio rural de Canarias (España): diagnosis y criterios de ordenación
CORTES ALCALÁ, 1995) o el estudio
sobre el bienestar de los hogares granadinos
(ABAD MONTES y HUETE MORALES,
2005). En aportaciones como éstas, la
vivienda de los municipios rurales sólo
puede ser caracterizada a partir de los
análisis generales que se han hecho para
los municipios de menor tamaño.
3. LA VIVIENDA EN EL MEDIO
RURAL DE CANARIAS
Con el objetivo de aproximarnos a una
caracterización del parque inmobiliario
de las zonas rurales de Canarias, se ha
partido de una delimitación territorial
que abarca a todos los municipios que en
el Censo de Población y Viviendas del
año 2001 no superaban los 10.000 habitantes.
Se cree que en estos municipios
sigue presente el hábitat rural tal como R.
Dion lo ha definido (DION, 1934) y estadísticamente
suponen la suma de municipios
rurales y semirrurales.
La muestra incluye 106.655 viviendas
distribuidas en 48 municipios. En concreto,
abarca a todos los de las tres islas occidentales,
salvo los de S/C de La Palma y
Los Llanos de Aridane, quince municipios
tinerfeños, nueve grancanarios, tres
situados en Fuerteventura y dos en Lanzarote.
Se han excluido la mayor parte de
los municipios con camas turísticas de
Canarias, salvo algunos en los que las
cifras de viviendas principales tienen
gran relevancia como son Antigua en
Fuerteventura, San Miguel en Tenerife o
Breña Baja en La Palma. Se trata, por
tanto, de un panorama muy diverso que
supone la existencia de municipios como
Betancuria, con tan sólo 361 inmuebles,
junto a otros como Tuineje, con 5.462
viviendas (véase Tabla.1).
La delimitación del universo de estudio
ha sido, pues, poco restrictiva. Los
procesos de difusión urbana, el desarrollo
turístico y la fuerte terciarización de la
economía canaria desaconsejaba utilizar
otros criterios más estrictos como aquellos
que consideran en el contexto europeo
como municipio rural a aquel que
cuenta con una población inferior a los
2.000 habitantes (HALFACREE y BOYLE,
1998), y que de hecho es el criterio que se
emplea en España, a pesar de que recientemente
el Instituto Nacional de Estadística
ha planteado elevarlo hasta los 5.000
habitantes (MOLINERO HERNANDO et
al. 2004).
Por su parte, el criterio adoptado permite
obtener un universo parecido si aplicáramos
los flexibles criterios que, basados
en la densidad demográfica, han
establecido la OCDE en 1994 y que considera
que un municipio es rural cuando su
densidad demográfica es igual o inferior
a 150 habitantes por kilómetro cuadrado
y el EUROSTAT que, por su parte, reduce
esta densidad a 100 habitantes, límite
estadístico que está condicionando en la
actualidad la delimitación de los municipios
objeto de las ayudas previstas en las
iniciativas comunitarias LEADER.
Tras la delimitación del ámbito de
estudio se procedió a la caracterización
del parque inmobiliario, centrándonos
especialmente en lo que estadísticamente
se define como vivienda principal, con el
fin de excluir los alojamientos secundarios
y turísticos que desvirtuarían la realidad
habitacional de la población residente
en los ámbitos rurales. En este sentido,
se ha analizado la evolución del parque
de viviendas principales entre 1981 y
2001 y algunas características habitacionales
como “tamaño de la vivienda y del
hogar”, “tipología del inmueble”, “servicios
e instalaciones” que presentan, “antigüedad”
y “estado de conservación”.
Además, se ha valorado la incidencia
de las viviendas secundarias y vacías en
los municipios rurales en el año 2001 y se
VEGUETA 9 (2006), ISSN: 1133-598X 223
Juan Manuel Parreño Castellano
La vivienda en el medio rural de Canarias (España): diagnosis y criterios de ordenación
ha caracterizado el régimen de tenencia y
el sistema de producción, en este último
caso, considerando otras fuentes estadísticas
como el Padrón de 1996 o el Censo
de Viviendas Ilegales del año 2000.
Fuente: INE. Censos de Vivienda. Elaboración propia.
Tabla 1. Evolución de las viviendas principales en municipios rurales de Canarias
224 VEGUETA 9 (2006), ISSN: 1133-598X
Juan Manuel Parreño Castellano
La vivienda en el medio rural de Canarias (España): diagnosis y criterios de ordenación
3.1. El crecimiento inmobiliario
La comparación de los censos de
vivienda de 1981 y 2001 muestra que se
ha registrado un crecimiento inmobiliario
del 50% en las zonas rurales de Canarias.
Este importante aumento de las viviendas
censadas tiene un comportamiento
territorial dual. Por un lado, en algunas
zonas se ha producido un crecimiento
moderado e incluso un decrecimiento. En
este último caso se encontraban los municipios
de Fasnia en Tenerife, San Andrés
y Sauces y Garafía en La Palma y Agulo,
Vallehermoso y Hermigua en La Gomera,
en los que efectivamente se constataba
una disminución cuantitativa en el número
de viviendas censadas. La situación de
los municipios del Norte de La Gomera
era la más regresiva, registrándose tasas
de decrecimiento superiores al 40%.
A estos municipios habría que unir
otros que han experimentado un crecimiento
moderado, inferior al 25%. Se trataba
de San Nicolás de Tolentino en Gran
Canaria, La Matanza de Acentejo, San
Juan de la Rambla y Vilaflor en Tenerife;
Alajeró en La Gomera, Breña Alta, Puntallana,
Villa de Mazo y Tijarafe en La
Palma y Valverde en El Hierro.
En otras áreas, el crecimiento inmobiliario
ha sido extraordinariamente vigoroso.
Destacaban en este caso, los municipios
de San Miguel, El Sauzal, Tegueste y
Arico en Tenerife; Frontera en El Hierro y
Artenara en Gran Canaria, si bien en este
último se trata de valores absolutos muy
bajos, y especialmente, los municipios
majoreros y conejeros que hemos incluido
en la muestra, que eran los que registraban
los mayores incrementos de Canarias.
En Antigua, el crecimiento ha sido
de un 504,1%; en Tuineje del 224,9%; en
Tinajo del 191,1% y en Betancuria, del
97,3%.
Las tasas de crecimiento parecen estar
relacionadas con un importante aumento
demográfico en algunos casos, motivado
a su vez por los procesos de “desurbanización”
de las grandes capitales canarias
y por el desarrollado turístico de las áreas
litorales. Pero en otros supuestos, el crecimiento
inmobiliario es producto de la
proliferación de viviendas secundarias,
cuestión que se abordará en el siguiente
epígrafe.
3.2. El uso de las viviendas
Según el Avance del Censo del Población
y Vivienda del año 2001 que el Instituto
Nacional de Estadística ha hecho
público, el 72,1% de las 106.655 viviendas
censadas tenían uso principal, el 12,3%
uso secundario, el 13,5% estaban vacías y
el restante 2,2% se refería a otras situaciones.
Por tanto, sólo tres cuartas partes del
parque inmobiliario estaba ocupado permanentemente,
un porcentaje similar al
que se registra en la totalidad del Archipiélago.
En relación con la importancia que
reviste el uso principal en el parque de
vivienda, se detectaban también grandes
diferencias en el ámbito municipal (véase
Figura 1). Los municipios con un mayor
porcentaje eran los de la Isla de La Gomera,
con la excepción de San Sebastián, los
que se encuentran en el entorno del Área
Metropolitana de S/C de Tenerife-La
Laguna y en la cercanías de los centros
comarcales de Puerto de la Cruz-Los Realejos,
Breña Alta en La Palma, San Nicolás
de Tolentino y Artenara en Gran Canaria
y San Miguel en Tenerife. Esta distribución
evidencia la relación entre la vivienda
principal y la difusión residencial de
las áreas metropolitanas, la proximidad
de centros turísticos o la pervivencia de la
actividad agrícola, pero la diversidad de
situaciones parece manifestarnos la exisVEGUETA
9 (2006), ISSN: 1133-598X 225
Juan Manuel Parreño Castellano
La vivienda en el medio rural de Canarias (España): diagnosis y criterios de ordenación
tencia de factores locales que quedan
fuera del alcance de este estudio.
En el resto de la muestra, es decir, en
las jurisdicciones que se localizan en La
Palma, El Hierro, Fuerteventura y Lanzarote,
el noroeste y este de Tenerife y norte
y centro de Gran Canaria, el peso de la
vivienda principal era menor respecto al
total de inmuebles, llegando en algunos
casos, como en Arico o Haría a suponer
tan sólo la mitad de las viviendas.
En algunos de estos municipios el elevado
número de viviendas vacías por
despoblamiento era la principal causa del
menor porcentaje de viviendas principales
(Véase Figura 2). Esta situación tenía
especial relevancia estadística en El Hierro,
Fuerteventura y La Palma, con
muchos municipios con porcentajes superiores
al 15%, pero tampoco hay que olvidar
los valores que se alcanzaban en el
este y noroeste de Tenerife y en los municipios
de Moya y Valleseco en Gran
Canaria.
Hay que advertir que en algunos
municipios se clasificaba dentro de la
categoría “otros tipos de viviendas” a un
número de inmuebles excesivo en relación
con el promedio que se registraba en
el Archipiélago. Esto se observa en los
municipios de El Tanque, Tinajo, Antigua
y Tazacorte. Se puede interpretar que
buena parte de estos inmuebles estaban
realmente desocupados y que por error
estadístico no habían sido clasificados
correctamente.
Figura 1. Porcentaje de viviendas principales en 2001
Fuente: INE, Resultados de los Censos de Población y Viviendas 2001. Avance de Resultados.
Elaboración propia.
226 VEGUETA 9 (2006), ISSN: 1133-598X
Juan Manuel Parreño Castellano
La vivienda en el medio rural de Canarias (España): diagnosis y criterios de ordenación
La otra causa que explica que en algunas
zonas una buena parte de los inmuebles
en áreas rurales no tuviese uso principal
era el desarrollo del secundario
(Véase Figura 3). Esta situación se manifestaba
especialmente en las islas de Lanzarote
y Gran Canaria, en las que el 24,5 y
el 17,2% respectivamente de las viviendas
de los municipios seleccionados tenían
este uso. En la segunda, únicamente en el
término de San Nicolás de Tolentino se
registraba un número de inmuebles escaso,
como es comprensible dado el carácter
agrícola y las malas comunicaciones que
presentaba esta zona respecto al resto de
la Isla. Por el contrario destacaba especialmente
el municipio de Agaete.
En las islas de El Hierro, Fuerteventura,
Tenerife y La Palma, el número de
inmuebles con uso secundario es también
importante, oscilando entre el 13,5% de la
primera y el 9,6% de la última. En Tenerife
esta situación afectaba al medio rural
de las comarcas del este y noroeste. En La
Palma, a los municipios del norte, y en
Fuerteventura, a los de Antigua y Tuineje.
Figura 2. Porcentaje de viviendas vacías en 2001
Fuente: INE, Resultados de los Censos de Población y Viviendas 2001. Avance de Resultados.
Elaboración propia.
De la descripción territorial del uso de
las viviendas, se deduce que el medio
rural en Canarias presenta funciones y
situaciones muy diversas en función del
área geográfica de la que se trate: a) existen
comarcas en las que se recibe el uso
residencial principal expulsado de los
grandes centros urbanos y económicos; b)
otras que se han convertido en centros
donde se concentra la función residencial
secundaria, tanto por el desarrollo turístico,
por sus especiales características paisajísticas
o porque los emigrantes oriundos
del lugar mantienen con este fin sus
VEGUETA 9 (2006), ISSN: 1133-598X 227
Juan Manuel Parreño Castellano
La vivienda en el medio rural de Canarias (España): diagnosis y criterios de ordenación
bienes patrimoniales y c) en algunas
zonas, el mantenimiento de funciones
residenciales principales se debe a la pervivencia
de la actividad agrícola o de funciones
económicas endógenas mientras
que en otras se asiste al despoblamiento
motivado por la falta de alternativas a un
modelo económico en declive.
Figura 3. Porcentaje de viviendas secundarias en 2001
Fuente: INE, Resultados de los Censos de Población y Viviendas 2001. Avance de Resultados.
Elaboración propia.
3.3. El tamaño de las viviendas
Según la superficie útil recogida en el
Censo del año 2001, el tamaño útil promedio,
a partir de un cálculo en el que se
utilizaron los datos agrupados por intervalos
de tamaño, era de 92,2 m2. Es decir,
en líneas generales las viviendas eran de
tamaño medio, con un espacio promedio
superior al existente para el conjunto del
parque inmobiliario del Archipiélago. Sin
embargo, como cabía esperar, la situación
era muy heterogénea, como lo constata
que más de 3.200 inmuebles de la muestra
tuviesen más de 180 m2, al mismo
tiempo que unos 1.500 no superasen los
30 m2 o que la muestra registrara una dispersión
típica de 98 m2. En cualquier caso,
predominaban los inmuebles con tamaños
comprendidos entre los 90 y 105 m2,
tal como se puede observar en la distribución
de intervalos de la figura 4.
Existían grandes diferencias espaciales
en lo que se refiere al tamaño de los
inmuebles. En líneas generales, las viviendas
situadas en las tres islas más occidentales
eran más pequeñas, en especial en municipios
como Valle Gran Rey, Vallehermoso,
228 VEGUETA 9 (2006), ISSN: 1133-598X
Juan Manuel Parreño Castellano
La vivienda en el medio rural de Canarias (España): diagnosis y criterios de ordenación
Garafía y Puntagorda (Véase Figura 5).
Similares valores promedios se registraban
en el este de Tenerife (Fasnia y Arico)
y en el centro de Gran Canaria (Tejeda,
Artenara, Vega de San Mateo).
Figura 4. Número de viviendas según su superficie útil
Fuente: INE, Resultados de los Censos de Población y Viviendas 2001. Avance de Resultados.
Elaboración propia.
Al contrario, eran los municipios de
Fuerteventura, con la excepción de Antigua
dada la proliferación de viviendas
principales en sus enclaves turísticos,
Lanzarote, y una buena parte de los situados
en el norte de Tenerife y Gran Canaria
los que tenían un mayor porcentaje de
viviendas espaciosas.
Estas diferencias en el tamaño de la
vivienda eran debidas al particular desarrollo
inmobiliario de cada zona y a la
dinámica territorial de la función residencial.
Esta segunda razón explica que los
municipios que estaban acogiendo los
movimientos poblacionales ligados a la
“desresidentización” de las áreas metropolitanas
tuviesen un mayor porcentaje
de viviendas de mayor tamaño, tal como
ocurría en Firgas en Gran Canaria o en la
comarca de Acentejo en Tenerife.
VEGUETA 9 (2006), ISSN: 1133-598X 229
Juan Manuel Parreño Castellano
La vivienda en el medio rural de Canarias (España): diagnosis y criterios de ordenación
3.4. El tamaño de los hogares
En lo que se refiere al tamaño del
hogar (relación ocupantes/viviendas) de
las viviendas principales, en el año 2001
se registraba un valor promedio de 2,9
personas para el conjunto del área de
estudio. En La Palma, Tenerife y en Gran
Canaria, las ocupaciones eran más elevadas
por término medio. En estas islas,
para algunos municipios hemos estimado
valores superiores a 3,2 habitantes por
vivienda, como sucede en los municipios
de Firgas, San Nicolás de Tolentino, La
Guancha, La Matanza de Acentejo, San
Juan de la Rambla, El Sauzal, El Tanque,
San Andrés y Sauces y Tazacorte (Véase
Figura 6). La existencia de un porcentaje
elevado de hogares con 6 o más miembros
en el norte y oeste de estas islas era la
principal causa.
Al contrario, buena parte de los
inmuebles de Fuerteventura, Lanzarote,
La Gomera y El Hierro, estaban ocupados
por una o dos personas como mucho,
tanto por el hecho de que estas viviendas
principales pudiesen estar ubicadas en
ámbitos turísticos, como ocurre en Lanzarote
o Fuerteventura (con la excepción de
Betancuria), como por el proceso de
éxodo rural y envejecimiento del cabeza
de familia, como de hecho está ocurriendo
en las islas de La Gomera y El Hierro,
en el noroeste de La Palma, en los municipios
cumbreros de Gran Canaria y en
los del este de Tenerife.
Figura 5. Superficie útil media de las viviendas ocupadas en 2001
Fuente: INE, Resultados de los Censos de Población y Viviendas 2001. Avance de Resultados.
Elaboración propia.
230 VEGUETA 9 (2006), ISSN: 1133-598X
Juan Manuel Parreño Castellano
La vivienda en el medio rural de Canarias (España): diagnosis y criterios de ordenación
Como resultado de la disparidad en el
tamaño de los hogares y de las viviendas
en Canarias, la superficie útil por persona
presentaba importantes diferencias territoriales.
Como promedio, en el área de
estudio, cada persona contaba con 27 m2
de superficie útil, según la información
recogida en la Encuesta de Población de
1996, una superficie inferior a la que se
registraba en ese año para el conjunto de
Canarias, que era de 28,2 m2 por habitante
y bastante menos que los promedios
que se daban en Lanzarote y Fuerteventura,
los mayores del Archipiélago, con
33,3 y 30,8 m2 por habitante.
Dentro de la muestra seleccionada, la
densidad era mayor en los inmuebles
situados en las islas de La Gomera y La
Palma, mientras que en Gran Canaria,
Lanzarote y Fuerteventura cada habitante
contaba con un mayor número de
metros. En municipios como Tijarafe,
Tazacorte, Puntagorda, Barlovento, Fuencaliente,
Valle Gran Rey, Alajeró, Fasnia y
San Nicolás de Tolentino cada persona
tenía menos de 25 m2 de superficie útil
(Véase Figura 7).
Figura 6. Número de ocupantes por vivienda en 2001
Fuente: INE, Resultados de los Censos de Población y Viviendas 2001. Avance de Resultados.
Elaboración propia.
VEGUETA 9 (2006), ISSN: 1133-598X 231
Juan Manuel Parreño Castellano
La vivienda en el medio rural de Canarias (España): diagnosis y criterios de ordenación
3.5. La tipología y las características
morfológicas de los inmuebles
En las zonas rurales, la mayor parte de
las viviendas eran unifamiliares. Únicamente
en los núcleos urbanos y en los que
el dinamismo edificatorio ha sido mayor,
el número de viviendas en inmuebles
plurifamiliares era estimable (Vega de
San Mateo, San Sebastián de la Gomera,
etc.).
Las viviendas unifamiliares solían
tener tipología aislada, asociadas en
muchos casos a estructuras agrarias, o
adosadas, con una o varias paredes
medianeras. En la mayoría de los casos se
trataba de una vivienda orgánica, construida
o autoconstruida en función del
cambio que se produce en las necesidades
familiares.
Dentro de la tipología adosada, podemos
encontrar diferentes modelos de
viviendas. En primer lugar, cabe mencionar
la vivienda tradicional de pueblo, en
la que aparece el patio interior como elemento
de ventilación y distribución de las
estancias, y en el que los antiguos usos
agrarios condicionan la estructura interna
(cuarto de aperos, granero...). En segundo
lugar, la casa-salón, un tipo de inmueble
más reciente, con dos plantas generalmente
y en el que el patio interior pierde
sus funciones de distribución. La planta
baja se destina a almacén, local o garaje
mientras que la segunda alberga el uso
residencial propiamente dicho. Por último,
el dúplex, un tipo de inmueble también
reciente, caracterizado por la presencia
de un pequeño jardín delantero y un
patio trasero, garaje en sótano, semisótano
Figura 7. Superficie útil media por habitante de las viviendas ocupadas en 1996
Fuente: ISTAC. Encuesta de Población y Vivienda de 1996. Elaboración propia.
232 VEGUETA 9 (2006), ISSN: 1133-598X
Juan Manuel Parreño Castellano
La vivienda en el medio rural de Canarias (España): diagnosis y criterios de ordenación
o planta baja, habitaciones de uso diurno
en la planta baja y de uso nocturno en la
primera planta.
Dentro de las tipologías aisladas, por
su parte, aparece en el territorio la casajardín,
una vivienda distribuida como un
inmueble urbano, en el que el patio interior
desaparece o se minimiza, abierta al
exterior y rodeada por un jardín, que
suele destinarse al ocio. En este grupo
cabe mencionar también la vivienda agraria,
que aparece en este caso ligada a la
antigua explotación y que presenta una
distribución interna ligada a los usos
agrarios y en la que las estancias, bien
están intercomunicadas, bien se distribuyen
en torno a un patio interior.
Por término medio las viviendas presentaban
4,1 habitaciones, algo más que
la media del Archipiélago que era de 3,93,
según los datos que aporta la Encuesta de
Población de 1996. Los municipios de la
muestra de La Palma, con 4,4, Lanzarote
y Tenerife con 4,28 y Fuerteventura con
4,18 eran los que presentaban un promedio
insular mayor, mientras que El Hierro,
con 2,77, Gran Canaria, con 3,84 y La
Gomera con 3,71 estaban por debajo del
promedio general. Teniendo en cuenta
las diferentes medias insulares, no parece
que hubiera una clara correlación entre el
número de habitaciones con el de ocupantes
por vivienda y con los valores de
superficie útil.
3.6. Los servicios e instalaciones de las
viviendas
La información censal de la Encuesta
de Población de Canarias de 1996 nos
permite caracterizar el parque de viviendas
principales según sus instalaciones y
servicios. Como en el resto de Canarias,
casi la totalidad de las viviendas principales
contaban con agua corriente y energía
eléctrica, con porcentajes sobre el total
del 97,2 y 97,6% respectivamente. En relación
con el primer indicador, la situación
era algo más desfavorable en las islas de
Lanzarote y Fuerteventura y en el sureste
de Tenerife respecto a los valores promedios
que se registraban en el Archipiélago.
En concreto, en los municipios de
Haría y Fasnia el 18,6 y 17,9% respectivamente
de las viviendas principales censadas
en 1996 no contaban con este servicio,
seguidos por los de Betancuria, Tuineje y
Tinajo donde los valores eran del 12,5,
11,8 y 11,1% respectivamente. Con una
incidencia menor, cabe también mencionar
los términos de Arico, Garafía, Valverde
y Antigua, con porcentajes comprendidos
entre el 8,3% del primero y
6,8% del último.
Una situación similar, aunque algo
menos grave, hay que reseñar respecto a
la presencia de energía eléctrica en los
inmuebles. En líneas generales el porcentaje
de viviendas sin este servicio era
superior en las zonas que tenían un
mayor número de viviendas sin agua
corriente. En este caso, en Garafía el
11,5% de los inmuebles no contaban con
electricidad, seguido por Betancuria
(8,9%), Artenara (7,2%), Arico (6,9%),
Tuineje (6,7%) y Fasnia (5,5%).
En la mayoría de las viviendas, un
82,7%, se utilizaba el gas. No obstante, se
daban de nuevo situaciones muy diversas.
Mientras en la provincia de S/C de
Tenerife, casi todos los inmuebles (un
92,9%) contaban con este tipo de instalación,
en las islas orientales estaba menos
extendido (un 62,4%). Salvo los municipios
de Tejeda y San Nicolás de Tolentino,
en los que más del 90% de las viviendas
tenían gas, el resto registraba
porcentajes inferiores, dándose situaciones
como la de Tuineje, donde sólo la
mitad de las viviendas contaban con gas
o, más aún, las de Betancuria, Moya o
Valleseco, donde el número de viviendas
VEGUETA 9 (2006), ISSN: 1133-598X 233
Juan Manuel Parreño Castellano
La vivienda en el medio rural de Canarias (España): diagnosis y criterios de ordenación
que lo tenía no alcanzaba el 4% del total.
La línea telefónica fija estaba menos
extendida en 1996, ya que sólo un 68,2%
de las viviendas la tenía. Se registraba
una disparidad interprovincial algo
menor a favor de la provincia occidental,
en la que casi el 70% de las viviendas tenían
teléfono frente al 64% de la provincia
oriental. Tejeda, con un 59,9% de sus
viviendas sin teléfono, Tazacorte, con un
49,3% y de manera descendente Agaete,
Artenara, Los Silos, Buenavista del Norte,
La Victoria de Acentejo y Antigua registraban
porcentajes superiores al 40%. En
líneas generales, el teléfono estaba más
extendido en La Palma, La Gomera y en
algunos municipios de las otras islas
como Tegueste, San Miguel y Vega de
San Mateo.
El último indicador del que tenemos
información censal es la presencia de
garaje en las viviendas. Como es lógico,
dada la tipología de los inmuebles y la
impronta rural de la mayor parte de las
entidades (en muchos casos no existe
accesibilidad rodada hasta el inmueble),
el garaje estaba mucho menos extendido
que en el resto de Canarias, afectando
sólo al 30,7% de las viviendas.
3.7. La antigüedad y el estado de conservación
La antigüedad, las técnicas constructivas
empleadas y el abandono de muchos
inmuebles ha propiciado que un número
importante de viviendas no presente condiciones
óptimas de habitabilidad. En
concreto, en 1995 se consideraba que el
14,9% de las viviendas rurales de Canarias
presentaban un importante estado de
deterioro.
Este panorama es el que ha motivado
que desde la aprobación de la Ley Canaria
de Vivienda de 1989 se haya considerado
la necesidad de fomentar la rehabilitación
de la vivienda rural en el Archipiélago
con la puesta en marcha de programas
específicos. Como resultado, en el
Segundo y Tercer Plan Canario de la
Vivienda (1992-95 y 1996-01) se financiaron
6.241 y 6.741 actuaciones respectivamente,
mientras que en el actual IV Plan
(2002-05) se tiene previsto financiar otras
5.000 actuaciones. Ante la magnitud de
estas cifras hay que advertir que la distribución
geográfica de las viviendas beneficiadas
no se ha ceñido a entidades rurales
exclusivamente. Muchos inmuebles
rehabilitados se localizan en el extrarradio
de núcleos urbanos y en municipios
de más de diez mil habitantes.
3.8. El sistema de producción y el régimen
de tenencia
La edificación del tejido inmobiliario
del área de estudio se ha realizado mayoritariamente
a través de la autopromoción.
La promoción de viviendas con destino
a la venta, esto es, la promoción
lucrativa, ha tenido menos importancia
que en el conjunto de Canarias, dado el
menor desarrollo urbanístico e incremento
demográfico de estos municipios. No
obstante, las zonas que están acogiendo
funciones residenciales ligadas a la “desresidentización”
de los grandes núcleos
urbanos, a la segunda residencia y al desarrollo
turístico presentan un panorama
diferente, con una mayor presencia de la
promoción profesional.
Dentro de la autopromoción ha tenido
una singular importancia la autoconstrucción.
Todavía en 1996, el 41,9% de los
hogares declaraba que había accedido a
su vivienda a través de la autoconstrucción.
Incluso en municipios del noroeste
de La Palma, norte de Tenerife, donde el
desarrollo inmobiliario ha tenido una
dimensión más reducida respecto a la
tendencia registrada en el Archipiélago
234 VEGUETA 9 (2006), ISSN: 1133-598X
Juan Manuel Parreño Castellano
La vivienda en el medio rural de Canarias (España): diagnosis y criterios de ordenación
en las últimas décadas, o en otros de la
provincia oriental como Tinajo, Tuineje,
Antigua, Valsequillo, San Nicolás de
Tolentino, Firgas y Frontera, más de las
mitad de los hogares habían accedido a
su vivienda a través de la autoconstrucción
(Véase Figura 8).
Un aspecto importante a reseñar en
relación con el sistema de promoción es la
legalidad del mismo. En las zonas rurales
ha tenido mucha importancia la construcción
sin licencia, tanto en suelos urbanos
como en zonas rústicas. Todavía en 1994
se estimaba que el 50% de los edificios
residenciales en construcción en municipios
de menos de 3.000 habitantes carecían
de licencia o tenían una licencia
inapropiada, unos doce puntos por encima
del porcentaje que se registraba en
Canarias, que era del 38,7% (MINISTERIO
DE OBRAS PÚBLICAS, 1994).
Figura 8. Porcentaje de hogares que accedieron a la propiedad por autoconstrucción en 1996
Fuente: ISTAC. Encuesta de Población y Vivienda de 1996. Elaboración propia.
Los últimos datos sobre la incidencia
de la ilegalidad que aporta el reciente
Censo de Viviendas Ilegales (GESPLAN,
2000), ratificaba, en primer lugar, la
mayor presencia del fenómeno en la provincia
de Las Palmas. Las viviendas inscritas
para su legalización en Lanzarote
suponían el 15,3% de las ocupadas en el
2001; en el caso de Gran Canaria, el 10% y
en el de Fuerteventura el 9,1%, cuando en
la provincia occidental, la isla con un
mayor porcentaje, El Hierro, sólo registraba
el 5,4%. En segundo lugar, la importancia
que tenía la ilegalidad en los municipios
de menor tamaño de Canarias. Es
sintomático que en Gran Canaria, los dos
VEGUETA 9 (2006), ISSN: 1133-598X 235
Juan Manuel Parreño Castellano
La vivienda en el medio rural de Canarias (España): diagnosis y criterios de ordenación
municipios de menor tamaño demográfico,
Artenara y Tejeda, fuesen los que
registrasen los mayores porcentajes de
viviendas inscritas para su legalización,
el 62,5 y 24,5% respectivamente, en relación
con las viviendas ocupadas en el año
2001 (Véase Figura 9).
Figura 9. Porcentaje de viviendas inscritas para su legalización en el año 2000
sobre las ocupadas en 2001
Fuente: INE, Resultados de los Censos de Población y Viviendas 2001. Avance de Resultados.
GESPLAN, Censo de Viviendas Ilegales, 2000. Elaboración propia.
En lo que se refiere al régimen de
tenencia, predomina ampliamente la propiedad,
como en el resto del Archipiélago.
En el año 2001, el 71,7% de las viviendas
estaban en propiedad por compra o
herencia, el 15,8% de los hogares había
optado por otras formas de acceso, en
especial la autoconstrucción, el 9,1% de
los inmuebles principales estaba en alquiler
y el 3,4% restante había sido cedido
gratuitamente. De tal modo que el 87,5%
de los inmuebles era propiedad de sus
moradores.
Únicamente en los municipios en los
que una parte de los inmuebles de uso
principal esta ligada a las funciones turísticas
o en algunos municipios de tradición
más agraria, el alquiler tiene mayor
importancia. En el primer caso se encuentran
los casos de Haría (14,9%), Antigua
(38,2%), Tuineje (28,3%), San Sebastián de
la Gomera (17,7%), Alajeró (11,3%), Valle
Gran Rey (24,2%), Breña Baja (14,6%) y
San Miguel (16,4%). En el segundo, Frontera
(13,6%), Valverde (12,3%), Puntagorda
(10,5%) y San Andrés y Sauces (10,9%).
236 VEGUETA 9 (2006), ISSN: 1133-598X
Juan Manuel Parreño Castellano
La vivienda en el medio rural de Canarias (España): diagnosis y criterios de ordenación
4. DIAGNÓSTICO
Después del análisis expuesto, podemos
concluir que los principales problemas
que afectan a la vivienda de las áreas
rurales de Canarias son:
A.La falta de estudios específicos sobre
la situación de la vivienda en el
medio rural. La mayor parte de los
datos disponibles son los censales.
B. El elevado número de viviendas desocupadas.
Debido al éxodo rural o a
los problemas relacionados con la
partición de los inmuebles en las
herencias, un porcentaje elevado de
viviendas se encuentra desocupado.
El hecho de que muchas de estas
viviendas no estén ocupadas, incide
en que se genere un “despilfarro
inmobiliario” que no sólo afecta a las
viviendas sino también a las propiedades
en la que estas se enclavan.
Dado que este proceso se remonta a
algunas décadas y a que las técnicas
constructivas adolecieron de falta de
calidad, muchas de estas viviendas
están además en estado ruinoso o en
malas condiciones de habitabilidad.
Esto dificulta su reutilización, a la par
que supone en muchos casos dilapidar
bienes con valor patrimonial e
histórico.
C. El aumento de residentes secundarios
y de habitantes procedentes de áreas
urbanas. En los municipios más cercanos
a los principales núcleos urbanos
de Canarias se está produciendo
un proceso de realojamiento de población
urbana, en viviendas usadas y a
través de construcciones nuevas. Al
mismo tiempo, en otros municipios más
alejados, se produce un incremento
importante de las viviendas secundarias,
tanto por parte de descendientes
de oriundos de estos municipios, que
heredan bienes patrimoniales en las
zonas rurales como por parte de
colectivos que adquieren viviendas
con este fin.
Esta situación, si bien favorece que
una parte de los inmuebles dejen de
estar abandonados y dinamiza en
cierto modo la economía local, también
genera algunos efectos perversos.
En primer lugar, retrae suelo rústico
de fines productivos de carácter
agrario, en la medida que muchas
veces las viviendas usadas están
enclavadas en explotaciones agrarias.
En segundo lugar, encarece el suelo y
el proceso constructivo, por lo que
dificulta la posibilidad de que se
pueda producir una recuperación de
actividades agrarias y la implantación
de otras alternativas productivas,
como puede ser el turismo rural.
En tercer lugar, en muchas ocasiones
conlleva una degradación del paisaje
patrimonial, rural y natural de las
zonas afectadas y, por último, incide
en la calidad de vida, en la medida en
que este proceso no está acompañado
de la suficiente planificación de los
servicios e infraestructuras que estos
colectivos demandan de modo permanente
o temporal.
D. Buena parte de las viviendas principales
no reúnen las mejores condiciones
de habitabilidad. Los procesos
productivos o la antigüedad de los
inmuebles han ocasionado que muchas
viviendas no cuenten con los servicios
e instalaciones adecuados o presenten
problemas de obsolescencia.
De igual modo, la calidad urbanística
es deficiente en muchos casos, dado
el carácter autoconstructivo e ilegal
de muchas edificaciones. Esta situación,
sin el auxilio público adecuado,
motiva el abandono de los inmuebles,
lo que genera la pérdida de efectivos
en los municipios afectados o un
VEGUETA 9 (2006), ISSN: 1133-598X 237
Juan Manuel Parreño Castellano
La vivienda en el medio rural de Canarias (España): diagnosis y criterios de ordenación
incremento en las solicitudes de
viviendas protegidas. En este mismo
sentido, en muchas ocasiones los
inmuebles en mal estado tienen valor
histórico o patrimonial.
E. La densidad de ocupación de los
inmuebles es mayor que en las zonas
urbanas, en especial en las islas más
occidentales y en el este de Tenerife.
El reducido tamaño de algunas
viviendas y la persistencia de un
número importante de hogares con
más de cinco miembros son las principales
causas. Como paradoja, existen
numerosos hogares unipersonales
o compuestos por dos personas como
mucho, en especial en Fuerteventura,
Lanzarote, La Gomera, El Hierro, Sur
y Noroeste de La Palma, Centro de
Gran Canaria y Este de Tenerife. El
despoblamiento y el envejecimiento
de las unidades familiares supone que
en los próximos años pueda aumentar
la obsolescencia de los inmuebles
y que se deterioren las condiciones de
vida de muchos hogares.
F. De modo paralelo a la llegada de
colectivos alóctonos, se está produciendo
una generalización de nuevas
tipologías edificatorias en zonas
donde predominaban otras tradicionales.
El desarrollo de la casa-salón,
primero, y más recientemente, la proliferación
de la casa-jardín y sobre
todo de los dúplex en hileras pueden
suponer la degradación patrimonial y
paisajística de conjuntos inmobiliarios
tradicionales.
G.La autopromoción ha sido una forma
de acceso a la vivienda tradicional en
las zonas rurales. Una parte de los
inmuebles edificados de esta manera
se ha construido de manera ilegal.
Aún hoy en día la falta de control
urbanístico es manifiesta. Esto supone
un gran problema en la medida en
que incide en una ocupación desorganizada
del territorio, degrada los
espacios naturales y rurales, impacta
en el valor paisajístico de los núcleos
rurales al realizarse muchas de estas
viviendas sin respetar las ordenanzas
estéticas establecidas por las distintas
corporaciones, supone una pérdida
de recursos para los ayuntamientos y
puede favorecer la construcción de
infraviviendas.
H.La presencia de viviendas en alquiler
es muy reducida en los municipios
analizados. El peso aplastante de la
propiedad como régimen de tenencia
impide que exista un mercado de
viviendas en arrendamiento que favorezca
la actividad productiva.
4. PROPUESTAS DE INTERVENCIÓN
Antes de realizar cualquier tipo de
consideración, hay que reseñar que el
escaso conocimiento de la vivienda rural
en Canarias requeriría de la creación de
un Instituto de la Vivienda Rural en
Canarias, de gestión pública e interadministrativo,
cuyo objetivo fuese, entre
otros, el estudio de esta realidad, ofrecer
soluciones técnicas y sociales, encauzar y
captar financiación para rehabilitaciones
e intentar orientar el parque de vivienda
en clave de desarrollo rural y conservación
del paisaje.
Entrando en materia, la ordenación de
la vivienda en el medio rural de Canarias
se debe hacer teniendo en cuenta los
siguientes objetivos generales:
A.Mantener los colectivos demográficos
existentes y permitir el crecimiento
demográfico endógeno.
B. Favorecer la implantación y el crecimiento
de las actividades productivas
compatibles con la naturaleza del
medio rural, en especial el desarrollo
de las actividades agrarias.
238 VEGUETA 9 (2006), ISSN: 1133-598X
Juan Manuel Parreño Castellano
La vivienda en el medio rural de Canarias (España): diagnosis y criterios de ordenación
C. Conservar y mejorar el paisaje rural y
preservar los bienes culturales y artísticos.
Con estos propósitos generales, y de
acuerdo a las Directrices de Ordenación
General de Canarias, a la Ley 2/2003 de
10 de febrero de Vivienda de Canarias y a
la normativa sobre ordenación del territorio
y espacios naturales, las propuestas
de intervención podemos clasificarlas en
dos tipos: aquellas que pretenden mejorar
las condiciones de acceso a la vivienda
y las de habitación de la población
local y de los nuevos hogares y las que
pretenden incidir en la ordenación territorial
y paisajística de la función residencial.
En relación con el primer aspecto, las
medidas apuestan por la vinculación de
la vivienda a la dinámica demográfica
endógena y a los colectivos alóctonos que
van a desarrollar sus actividades productivas
en el entorno rural.
De este modo, dado que las zonas rústicas
están acogiendo la función residencial
principal y secundaria procedente de
las grandes zonas urbanas de Canarias, es
necesario garantizar que existan viviendas
para la población local y para los nuevos
hogares que se constituyan. Con este
fin es aconsejable, en primer lugar, que en
zonas afectadas por esta situación el porcentaje
de suelo urbano y urbanizable
adscrito a la promoción de viviendas protegidas
sea el máximo que la ley permite,
el 33% del aprovechamiento del ámbito,
tal como establece la modificación que se
ha realizado del apartado 2.A.8 del artículo
31 del Decreto Ley 1/2000 de 8 de
mayo. De igual modo, es necesario que
las corporaciones realicen una política
activa de suelo que conduzca a la creación
de un patrimonio público suficiente
para cubrir los objetivos previstos en relación
con los colectivos más desfavorecidos.
En segundo lugar, se debe inducir que
el crecimiento inmobiliario sea de origen
endógeno en los asentamientos rurales y
agrícolas, tal como señala la directriz 54
de la Ley 19/2003 de 14 de abril para lo
que se debería gravar, mediante instrumentos
fiscales e impositivos, las viviendas
que no sean residencia habitual,
sobre todo en el caso de nuevas construcciones,
medida que se puede extender a
los núcleos urbanos situados en el medio
rural en función de la incidencia que la
vivienda secundaria pueda tener en el
mercado inmobiliario (este puede ser el
caso de islas como Lanzarote y Gran
Canaria, donde la vivienda secundaria en
el medio rural ha alcanzado porcentajes
excesivamente elevados).
El importante porcentaje de viviendas
desocupadas incide también en las posibilidades
de acceso a la vivienda. Las
medidas que se deben adoptar para que
estos inmuebles sean utilizados deben ser
de distinto tipo. En primer lugar, la posibilidad
de que no sólo accedan a las máximas
ayudas previstas en los distintos programas
de rehabilitación de viviendas
protegidas, sino que estas se incrementen,
en especial cuando las viviendas
estén en asentamientos rurales y agrícolas
o en los cascos históricos de los núcleos
urbanos. En segundo lugar, el establecimiento
de gravámenes impositivos y de
un trato fiscal que desaliente la propiedad
de inmuebles vacíos. En tercer lugar,
la utilización del ejercicio expropiatorio
por parte de los organismos públicos con
el fin de promover inmuebles protegidos.
Sería aconsejable que estas dos últimas
medidas se aplicaran en determinadas
zonas debido a las distintas causas que
inciden en el problema de la vivienda
vacía.
El mal estado de muchas viviendas
ocupadas es un factor que incide en el
abandono rural y en la calidad residencial
VEGUETA 9 (2006), ISSN: 1133-598X 239
Juan Manuel Parreño Castellano
La vivienda en el medio rural de Canarias (España): diagnosis y criterios de ordenación
de la población local. Con este fin, se debe
mantener e incluso incrementar las ayudas
previstas en los programas de rehabilitación
de la vivienda rural, en especial
cuando esta se encuentre dentro de
explotaciones agrarias y en asentamientos
rurales y agrícolas. Habría que concentrar
las ayudas en estos casos, en lugar
de seguir con la política extensiva que se
viene realizado.
Otro factor que incide en el encarecimiento
de las condiciones de acceso a la
vivienda es la generalización de la
demanda inversora, ya que esta mantiene
un claro comportamiento especulativo.
En el medio rural la generalización de
este tipo de demandantes puede tener un
efecto nefasto dado el reducido número
de inmuebles que se encuentran en venta
o alquiler. Por este motivo, se debe estudiar
la introducción de fórmulas fiscales
que graven la reventa de viviendas en un
periodo de tiempo determinado siempre
que no se hayan destinado a domicilio
habitual del adquiriente o no se hayan
alquilado durante un periodo de tiempo
mínimo. Este tipo de medidas se puede
extender a la compraventa de solares.
Por último, habría que estudiar fórmulas
compatibles con el paisaje rural
que permitiese que en supuestos de actividad
rural intensiva, existiera la posibilidad
de autorizar de modo condicionado
la realización en precario de viviendas
prefabricadas.
Respecto a las medidas que pretenden
incidir en la ordenación territorial y paisajística
de la función residencial, en primer
lugar, las calificaciones de suelo
urbanizable se deben limitar a los núcleos
urbanos situados en ámbitos rurales y se
tiene que promover la compactación de
estos núcleos y de los asentamientos rurales,
recurriendo en el primer caso al aumento
de volúmenes si fuera necesario. En el
caso de los asentamientos agrícolas, el
crecimiento inmobiliario debe estar vinculado
a las necesidades productivas, tal
como se señala en la directriz 64 de la Ley
19/2003 de 14 de abril.
En segundo lugar, es necesario que el
planeamiento delimite de forma clara las
zonas rústicas con valores naturales, paisajísticos
y productivos con el fin de que
en ellos se regule y controle al máximo la
edificación, que en cualquier caso debe
estar ligada a las necesidades agrarias,
con el fin de permitir la conservación de
la actividad agrícola y del paisaje.
En tercer lugar, el planeamiento establecerá
las tipologías constructivas respetando
las que tradicionalmente se hayan
utilizado, en especial en asentamientos
rurales, agrícolas y en cascos históricos.
Con el fin de que el consumo de suelo sea
más eficiente, se tiene que evitar el uso
indiscriminado de las tipologías propias
de la segunda residencia, en especial la
casa-jardín aislada.
En cuarto lugar, es necesario incrementar
las ayudas a la rehabilitación para
aquellos inmuebles que se vinculen a fincas
agrarias en explotación, como una
manera de favorecer el mantenimiento de
las actividades productivas. En este caso,
la normativa debe adoptar limitaciones
especiales que preserven el buen uso y
destino de las ayudas.
En quinto lugar, la conservación del
paisaje requiere de un estricto control del
proceso constructivo. No sólo se debe
evitar que persistan las nuevas construcciones
sin licencia o sin ajustarse a ella,
sino además se debe velar para que los
procesos autoconstructivos no se dilaten
en el tiempo más de lo razonable. Los
programas públicos de autoconstrucción
deben encauzar este tipo de actuaciones.
En sexto lugar, es necesaria la reutilización
de numerosos inmuebles vacíos que
se sitúan en comarcas e islas donde se ha
producido un fenómeno de despoblación.
240 VEGUETA 9 (2006), ISSN: 1133-598X
Juan Manuel Parreño Castellano
La vivienda en el medio rural de Canarias (España): diagnosis y criterios de ordenación
Este es el caso de La Palma, El Hierro, La
Gomera, el noroeste y este de Tenerife y
centro de Gran Canaria. La recuperación
de estos inmuebles requiere del desarrollo
de políticas que permitan el mantenimiento
y la llegada de población foránea.
La falta de medidas conduce a que estos
inmuebles terminen convirtiéndose en
viviendas secundarias.
En séptimo lugar, es necesario que las
viviendas cuenten con las adecuadas condiciones
urbanísticas y que, además, en el
caso de los núcleos de población, se mejoren
los equipamientos y los servicios.
Esta es una condición fundamental para
el mantenimiento de la población rural, el
crecimiento económico de los enclaves y
la mejora de las condiciones de vida de la
población.
En octavo lugar, se deberían implantar
medidas homogeneizadoras generales
que incluyan orientaciones arquitectónicas,
paisajísticas, de ornato, de accesibilidad,
de uso, etc. para los espacio rústicos
que gozan de instrumentos propios de
protección, eso sí, respetando en la medida
de los posible las peculiaridades
comarcales e insulares.
En noveno lugar, se tienen que ofrecer
alternativas específicas para las viviendas
fuera de ordenación. En este sentido, se
deben considerar varios supuestos a la
hora de adoptar medidas concretas, tales
como, si se trata de una vivienda habitual
en explotación primaria, de una vivienda
habitual sin explotación primaria, de una
vivienda habitual con tipología, ornato o
volumen inadecuado, de una vivienda
secundaria, de una vivienda vacía, de
una vivienda en ruina, de si no existe
conexión a las redes de saneamiento y
abastecimiento, de si no presenta acceso
rodado o si el inmueble no tiene registro
catastral.
Por último, es necesario detectar las
edificaciones e instalaciones, estén o no
destinadas a uso residencial, que son
incompatibles con las disposiciones que
establecen la Ley de Ordenación del
Territorio de Canarias, los Planes Insulares
de Ordenación Territorial y los Planes
Municipales, con el fin de decidir compatibilizarlas
o no, y en este último caso,
establecer un plazo para su desaparición.
AGRADECIMIENTOS
Mi gratitud a D. Ramón Díaz Hernández
por las valiosas sugerencias aportadas
y a D. Tanausú Pérez García por la
ayuda prestada en el trabajo cartográfico.
NOTAS
1 El artículo forma parte del estudio realizado
para la Consejería de Política Territorial del
Gobierno de Canarias denominado “Estudios
previos para la ordenación del medio
rural y agrario de Canarias: claves de diagnóstico
y propuestas” que ha sido financiado
por esta Institución.
BIBLIOGRAFÍA
A.A.V.V. (1985): «La discreción como criterio.
Vivienda rural de promoción pública»,
Arquitectura y vivienda, 4:52-57.
A.A.V.V. (2003): Un siglo de vivienda social (1903-
2003), Ministerio de Fomento, Ayuntamiento
de Madrid y Consejo Económico y Social,
Madrid.
ABAD MONTES, F. y HUETE MORALES, M.D.
(2005): «Análisis espacial de la calidad de
las viviendas en las Áreas Comarcales de la
provincia de Granada», en Actas del IX Congreso
de Población Española, [citado el
11/11/05], disponible en World Wide Web:
http://www.ieg.csic.es/age/poblacion/pu
blicacion_seleccionada.asp?id=4.
ALBERDI COLLANTES, J.C. (2000): De Caserío
agrícola a vivienda rural: proceso de abandono
VEGUETA 9 (2006), ISSN: 1133-598X 241
Juan Manuel Parreño Castellano
La vivienda en el medio rural de Canarias (España): diagnosis y criterios de ordenación
de la función agraria en el periurbano de San
Sebastián, Universidad del País Vasco, Bilbao.
ALEMÁN DE ARMAS, A. (1976): La Laguna: la
vivienda tradicional y los problemas de organización
del espacio urbano, Ayuntamiento de
San Cristóbal de La Laguna, La Laguna.
ANTOLÍN IRÍA, J.E. (2000): El proceso de urbanización
del suelo rural: la vivienda familiar sobre
el suelo no urbanizable en Bizkaia (1981-1992),
Universidad del País Vasco, Bilbao.
ARÉVALO TOMÉ, R. (2001): «Censo de viviendas
versus encuesta de presupuestos familiares
», Revista de Estudios Empresariales,
8:85-109.
ASOCIACION CULTURAL “DIAS DE LA
TRADICIÓN CANARIA” (2003): «Arquitectura
popular en el medio rural: las casas
pajizas. La Orotava», El Pajar: Cuaderno de
etnografía Canaria, 14.
CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS, VIVIENDAS
Y AGUAS (1992): II Plan Canario de la
Vivienda 1992-95, Las Palmas de Gran Canaria.
CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS, VIVIENDAS
Y AGUAS (1996): III Plan Canario de la
Vivienda 1996-96, Las Palmas de Gran Canaria.
CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS, VIVIENDAS
Y AGUAS (2002): IV Plan Canario de la
Vivienda 2002-05, Las Palmas de Gran Canaria.
DION, R. (1934): Essai sur la formation du paysage
rural francais, Arrault et cie., Tours.
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE GRANADA
(1981): Estudio sobre la vivienda rural en la provincia
de Granada, Centro de Estudios de
Ordenación del Territorio y Medio Ambiente,
Granada.
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE VALENCIA
(1983): Urbanismo y medio rural. Valencia: la
vivienda ilegal de segunda residencia, Diputación
Provincial de Valencia, Valencia.
FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, J.J. (1999): Arquitectura
rural en La Palma, Tauro, Madrid.
FRANCIA VIÑA, J.M. y GARCÍA ALONSO,
M.J. (1976): «La vivienda rural como fenómeno
de inadaptación», Revista de Sanidad e
higiene pública, 50:9-10.
GESPLAN (2000): Censo de viviendas inscritas
para su legalización de Canarias, Gobierno de
Canarias.
GALLET, N.; SHUCKSMITH y TEWDWRJONES,
M. (2003): Housing in the European
countryside: rural pressure and policy in Western
Europe, Routledge, London.
GARCÍA CABRERA, A. y CASTRO SÁNCHEZ,
J.J. (2000): «Canarias y el turismo rural: Tendencias.
El caso de la Isla de Gran Canaria»,
Anuario Filosofía, Psicología y Sociología,
3:197-222.
GONZÁLEZ GARCÍA, M.L. (1983): «Vivienda
rural en el interior de Las Palmas de Gran
Canaria». Informe de la Construcción, 354:25-
26.
GONZÁLEZ MORALES, A. y MARTÍN RUÍZ,
J.F.(1989): Agricultura y espacio rural en Gran
Canaria, Universidad de La Laguna, La
Laguna.
HALFACREE, K. Y BOYLE, P. (1998): «Migration,
rurality and the post-productivist
countryside», en BOYLE, P. Y HALFACREE,
K. (eds.). Migration into rural areas,
John Wiley, Chischeser: 1-20.
LAÍNEZ ROMANO, M.T. (2002): Envejecimiento,
familia y vivienda: estrategias y prácticas
residenciales de las personas mayores en Navarra,
Tesis Doctoral, Universidad Complutense
de Madrid.
LEAL MALDONADO, J. (1993): La Estructura
residencial de la Comunidad de Madrid: informe
monográfico del Tomo VII de los Censos de
Población y Vivienda de 1991, Instituto de
Estadística de la Comunidad de Madrid,
Madrid, [citado el 11/11/05], disponible en
World Wide Web: http://www.madrid.org
/iestadis/gazeta/publicaciones/monografiatomo791no.
htm.
LEAL MALDONADO, J. (2005): Características
del parque de viviendas de la Comunidad de
Madrid según el censo de 2001, Instituto de
Estadística de la Comunidad de Madrid,
Madrid, [citado el 11/11/05], disponible en
World Wide Web: http://www.madrid.org
/iestadis/gazeta/publicaciones/carparvicenso01no.
htm.
LEAL MALDONADO, J. y CORTÉS ALCALÁ,
L. (1995): La vivienda en Madrid, Consejería
de Política Territorial de la Comunidad de
Madrid, Madrid.
LOCATEL, C.D. (2003): «El ambivalente proceso
de modernización de la agricultura brasileña
y la vivienda rural», Scripta Nova, 7:146-155.
242 VEGUETA 9 (2006), ISSN: 1133-598X
Juan Manuel Parreño Castellano
La vivienda en el medio rural de Canarias (España): diagnosis y criterios de ordenación
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y
TRANSPORTE (1994): La edificación residencial
sin licencia de obras en Murcia y Canarias,
Madrid.
MOLINERO HERNANDO, F. et. Al. (2003): Desarrollo
rural en territorios insulares: especial
referencia a las Islas Canarias, Centro de Cooperación
y Desarrollo Territorial y Cabildo de
La Palma, Oviedo y Santa Cruz de La Palma.
MOLINERO HERNANDO, F. et. Al. (Coord.)
(2004): Atlas de la España Rural, Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación, Madrid.
MORALES MATOS, G. y MACÍAS HERNÁNDEZ,
A. (2003): «Génesis, desarrollo y estado
actual del espacio rural de Canarias»,Ería,
62: 265-302
NÓVOA SANZ, X. (Coord.) (1991): A infravivienda
rural en Galicia, Instituto Galego da
Vivienda e Solo, Santiago de Compostela.
OYÓN BAÑALES, J.L. (1985): Colonias agrícolas
y poblados de colonización. Arquitectura y
vivienda rural en España (1850-1965), Tesis
doctoral, Universidad Politécnica de Cataluña,
Barcelona.
RABANOS, C. (1982): «La vivienda rural. Destrucción
y reutilización en el caso aragonés
», Construcción, Arquitectura y Urbanismo,
79:38-42.
SANTANA DÍAZ, S. (1991): Arquitectura rural:
Gran Canaria, Colegio Oficial de Aparejadores
y Arquitectos técnicos, Las Palmas de
Gran Canaria.
SIMPOSIO INTERNACIONAL SOBRE EL
MUNDO RURAL (1999): Retos actuales de la
Unión Europea y su incidencia en las regiones
ultraperiféricas, Agrícola Española, Madrid.
TURRO GOULA, J. (1990): «¿Es saludable la
vivienda rural gerundense?», Revista de
Girona, 36:87-92.