ARISTOCRACIA Y PODER ECONÓMICO
EN LA ESPAÑA DEL SIGLO XX1
ANTONIO MANUEL MORAL RONCAL
VEGUETA, Número 7, 2003 – ISSN: 1133-598X 155
Resumen: Durante el reinado de Alfonso
XIII, la nobleza tuvo la oportunidad
de reconstruir su poder económico
mediante la modernización de sus fuentes
de riqueza. Para ello fue necesario
que las Casas nobiliarias se adaptaran
tanto a una racionalización del gasto
suntuario como a una adecuada política
de inversiones en el tradicional sector
agropecuario, la bolsa y la industria.
Gracias a esta diversificación de sus rentas,
la nobleza pudo resistir la crisis de
1929 pero no la política reformadora de
la Segunda República. La Guerra Civil
supuso el final de su hegemonía social
—como referente elitista— y de su poder
económico, situación que se agravó en la
inmediata posguerra. Durante el régimen
franquista comenzó un lento proceso
de asimilación y disolución de los linajes
nobiliarios en las nuevas elites sociales.
Palabras clave: España, siglo XX,
Nobleza, elites, fuentes de riqueza.
Abstract: During the reign of Alfonso
XIII, the nobility had the opportunity
of reconstructing his economic power by
means of the modernization of his sources
of wealth. For it was necessary that
those t nobiliary Houses adapted a so
much a rationalization of the sumptuary
expense as a political of the appropriate
one of the investments in the agriculture,
cattle raising, bag and the industry.
To it causes of this diversifications of the
rents, the nobility could resist the crisis
of 1929 on the contrary that the politics
of the Second Republic. The Spanish Civil
War supposed the final of his social
hegemony —as elitist relating— and his
economic power, situation that was increased
in the immediate postwar period.
During the goverment of Franco
began a slow process of assimilation and
breakup of the nobiliary lineages in the
new social elites.
Key-words: Spain, XX century, nobility,
elites, sources of wealth.
LOS TÍTULOS Y LA
RACIONALIZACIÓN ECONÓMICA
A comienzos del siglo XX, se mantenía
vigente todavía el sistema de la Restauración
Canovista, donde la nobleza mantenía
su lugar preeminente en la estructura social
del país, no sólo por su poder económico
sino por el atractivo que su cultura y
estilo de vida ejerció sobre las restantes clases
sociales. Desde 1874 hasta 1931, se crearon
214 marqueses, 167 condes, 30 vizcondes
y 28 barones, buena muestra de la política
de atracción hacia la cúspide, que
siguieron atentamente la nobleza carlista,
defraudada en sus aspiraciones, y los que,
no hallando audiencia en el Palacio de
Oriente o en el gobierno de turno para sus
anhelos, obtuvieron en el Vaticano un blasón
nobiliario. Esta política de concesión
de títulos fue, en numerosas ocasiones,
una recompensa por la lealtad demostrada
de una persona al régimen, además de una
forma de distinguir a españoles destacados
en todos los campos del conocimiento y del
trabajo. Por ello, según un Real Decreto de
13 de junio de 1879 no se otorgaron, a partir
de entonces, ni Grandezas ni títulos del
reino a quienes solamente podían aducir
méritos y servicios no premiados de sus
antepasados2.
Bajo la Restauración, la aristocracia tuvo
la oportunidad de reconstruir su poder
—en cierto modo erosionado por las vicisitudes
políticas del siglo XIX— modernizando
sus bases económicas. Naturalmente,
para ello fue necesario tanto una racionalización
del gasto suntuario como una
saneada administración y una adecuada
política de inversiones. A partir del reinado
de Alfonso XII, se detectó el inicio de la
presencia del capital nobiliario en actividades
industriales y en la gran banca,
cuando precisamente estos sectores comenzaron
a proporcionar cuantiosos beneficios.
Así, junto a los grandes latifundios
—España seguía siendo un reino fundamentalmente
agrícola—, las grandes empresas
de tipo financiero, íntimamente li-
156 Antonio Manuel Moral Roncal
gadas a intereses estatales de tipo monopolístico-
fiscal, fueron la clave del enriquecimiento
y consolidación de patrimonios
nobiliarios y una muestra más de la
adaptación de la vieja clase al nuevo orden
capitalista (MOYA, 1994: 23). De esta manera,
la nobleza española formó parte de la
élite económica, social y política del reinado
de Alfonso XIII, a la que se sumaron algunos
grupos surgidos de la burguesía y
las clases medias, estructurando, en parte,
lo que Carlos Moya ha denominado aristocracia
financiera (MOYA, 1994; CARASA,
1996).
A falta de estudios más concretos sobre
las explotaciones agrícolas de la nobleza,
parece ser que existieron miembros de la
nobleza interesados en la modernización
de sus fincas, siempre y cuando ese cambio
e inversión de capital se tradujera en
un aumento de sus beneficios, naturalmente
(SIMPSON, 1997). Además, numerosos
títulos comenzaron a formar parte de
las asociaciones patronales agrarias, como
las Cámaras Agrícolas, creadas en virtud
de un Real Decreto de 14 de noviembre de
1890, análogamente con las de Comercio,
Industria y Navegación, establecidas cuatro
años antes. Estas instituciones facilitaron
la asociación de los grandes propietarios
—burgueses y nobles— que formaron
un grupo claro de intereses, de forma que
actuaron como interlocutoras con los poderes
públicos, al tiempo que reforzaban la
alianza entre las grandes propiedades y la
administración frente al resto de grupos
componentes de la sociedad rural. Muchas
de ellas fueron presididas, casi desde sus
comienzos, por miembros de la aristocracia
terrateniente o por delegados suyos, como
la de La Coruña, cuyo presidente en 1906
era el marqués de Louredad, don Enrique
Fernández Alsina, diputado en varias ocasiones
por el distrito de la capital, vicepresidente
de las Cortes y encarnación de la figura
del propietario acomodado pero emprendedor
e introductor de innovaciones
agrícolas del extranjero, como ilustran los
reportajes dedicados a su finca de San Pedro
de Nós (Oleiros), en el revista Prácticas
Modernas (CABO, 2000; ARRIBAS, 1989;
FLORENCIO, 1994; GARCÍA FERRANDO,
1977; MILLÁN, 1997).
Esta participación de títulos aumentó,
sobre todo en el período 1914-1923, cuando
fue necesario proceder a una defensa
clara de la propiedad y la producción agraria
en forma de un entramado corporativo
aglutinante de asociaciones tradicionales
(Asociación de Ganaderos, Reales Sociedades
Económicas de Amigos del País) con
otras de nuevo cuño (Cámaras Agrícolas,
Federaciones y Sindicatos Agrarios). Estas
nuevas asociaciones estaba vinculadas con
toda una serie de iniciativas que, en la Europa
occidental del periodo 1885-1930, estuvieron
orientadas a la defensa de las pequeñas
propiedades frente a los movimientos
políticos contrarios a la existencia
de la propiedad, pero, de forma indirecta,
sirvieron para mantener las prerrogativas
de las grandes.
Frente a este grupo innovador se situó
una aristocracia latifundista instalada en el
tradicionalismo patriarcal, cercana al conservadurismo
de la burguesía terrateniente
de Castilla, Galicia, Extremadura y La
Mancha. Algunos nobles propietarios de
extensiones de terreno considerables las
explotaron extensivamente, obteniendo de
ellas rentas que alcanzaron cifras muy elevadas,
suficientes para vivir espléndidamente
y ahorrar, de manera que no sintieron
la necesidad de mejorar sus cultivos o
aprovechamientos. Hacia 1919, el duque de
Peñaranda —hermano del duque de Alba—
poseía más de 51.000 hectáreas, algo
menos que el duque de Medina Sidonia,
don José María Álvarez de Toledo, que, no
obstante, superaba al duque de Fernán Núñez
(Falcó y Álvarez de Toledo), poseedor
de 17.000 hectáreas. La mayoría de ellas estaban
arrendadas a cambio de un alquiler,
siendo muy escasas las de explotación directa.
La pequeñez de la renta por hectárea
se compensó con la cantidad de hectáreas
Aristocracia y poder económico en la España del siglo XX 157
poseídas, asegurando así rentas personales
suficientes para mantener el estilo de vida
aristocrático o burgués en la capital provincial
o en Madrid, donde se ofrecían, por
lo demás, ocasiones de inversiones financiero-
industriales mucho más lucrativas
para el capital no consumido.
Aunque ya escasamente, resulta sintomático
observar algunas supervivencias
del Antiguo Régimen en la España de principios
del siglo XX en el ámbito rural, lo
cual aumentó la crítica contra la nobleza
desde sectores modernizadores e innovadores.
Así, el duque de Alba conservaba
aún algunas prebendas eclesiásticas en Galicia,
como el derecho de presentación de
curas párrocos, que no habían sido extinguidas
o amortizadas en el siglo XIX. La
instrumentalización de este antiguo privilegio
con miras a la defensa de los intereses
materiales de la casa patrona había sido
una constante en el Antiguo Régimen.
Los señores se valían de la autoridad moral
de los sacerdotes, que ellos mismos
nombraban, para aquietar los ánimos levantiscos
de sus jurisdiccionales y foreros,
siempre dispuestos a contestar las demandas
de sus señores. En 1904, el administrador
de Pontedeume propuso a la administración
central de la Casa de Alba en Madrid,
ante el problema del obscurecimiento
que tenían los foros de la parroquia de Serantes
que, puesto que esa parroquia, como
las restantes, era de nombramiento de la
casa «debiera imponerse al que vaya presentado
(...) la obligación de describir los
foros que en su término disfruta su excelencia
», ya que con su autoridad sobre los
parroquianos podría forzarlos a dar la información
que estaban negando a los administradores
y abogados de la casa. Aunque
el duque rechazó por prudencia el uso
tan evidente de su prerrogativa aduciendo
que debía seguirse el principio de optar
por aquellos sacerdotes que fueran dignos
del cargo por su virtud, lo cierto es que
añadió que también por su adhesión a la
casa. En 1916, el párroco nombrado por el
duque en la villa de Sada logró que los
campesinos y la Casa llegaran a un acuerdo
parcial para la liquidación de las rentas
forales, lo cual fue subrayado por el administrador
como beneficio derivado del derecho
de presentación. Así, numerosas personas
dispuestas a comprar rentas forales
de las que la Casa de Alba se quiso desprender
sometieron la operación a la condición
de algún curato, como ocurrió en las
tierras de Veigue y en las de Chantada, en
los años siguientes. Además, el mantenimiento
del derecho de patronato en manos
de legos dio pie a conservar algunos de los
beneficios materiales anejos al mismo contando
con la laxitud, en ocasiones escandalosa,
con la que se ejecutó la ley, como la
abolición del censo de reconocimiento de
patronato por la legislación desamortizadora
(BAZ, 1998; MAYER, 1990).
La explotación ganadera también fue
una actividad donde las inversiones de la
nobleza se dirigieron, especialmente la
afincada en el Sur peninsular, pero, en su
mayoría, el negocio agropecuario estuvo
en manos de la burguesía rural (GRUPO
DE HISTORIA RURAL, 1995). Ello no significó
que los títulos se negaran a participar
en corporaciones pecuarias, como la
Asociación de Ganaderos del Reino, especialmente
tras la crisis de 1917-1919, cuando
se crearon filiales de la misma por toda
España, como alternativa técnica a la movilización
social del momento. Así, en la
Junta Provincial de Lugo —fundada en
1918— fue nombrado vocal el vizconde de
San Alberto, mientras la secretaría de la
central era asumida por el marqués de la
Frontera. En marzo de 1924, el vizconde de
San Alberto asumió la presidencia de la
junta gallega y el conde de Canillas la vicepresidencia,
como representantes de los
propietarios de ganado frente a los llamados
«técnicos», teóricos y funcionarios del
Estado (BERNÁRDEZ, 2000).
En todo caso, continuó ligándose, dentro
de los esquemas propios de su sociabilidad,
el prestigio de un título con la pose-
158 Antonio Manuel Moral Roncal
sión de cierto número de hectáreas de tierra,
incluso en el extranjero, como se puede
comprobar en las peticiones de sucesión
y reconocimiento de títulos por parte de
aquellos nobles residentes fuera del reino.
Julio César Soler y Baró (1866-1950) al solicitar
la sucesión del condado de la Diana,
envió a Madrid una certificación del vicecónsul
honorario de España en Matanza
(Cuba) —fechada el 6 de febrero de 1921—
donde se reseñaban sus acciones a favor de
los emigrantes españoles y sus posesiones:
las fincas Diana, Santa Rita y Manuelito,
dedicadas al cultivo de la caña de azúcar,
además de un buen número de acciones en
la empresa Azucarera Caobillas3.
Un rasgo típico de la élite económica de
la Restauración fue la íntima vinculación
del capital financiero y del latifundismo, a
través de la identidad de sus personajes
patente en los Consejos de Administración
de las grandes empresas. Para Carlos Moya,
así se explica la aparente incongruencia
de que unas ligas de cerealistas y sus representantes
políticos empuñasen con demasiada
frecuencia el dogma librecambista:
a escala del capital financiero se resolvía
la aparente contradicción planteada al
nivel de lo que hubiese podido ser su política
mercantilista vinculada a un capital
de tipo agrícola.
En 1916, el ministro Santiago Alba, ante
una deuda flotante de algo más de mil
millones de pesetas, propuso una contribución
sobre los beneficios extraordinarios
que las empresas españolas (catalanas y
vascas particularmente) habían obtenido
con el estallido de la guerra europea en virtud
de la neutralidad española. Se trató de
conseguir un primer recurso para una política
económica de reconstitución nacional,
a la que debía seguir una reforma tributaria
modernizadora del sistema tributario.
Inmediatamente, se movilizaron la Lliga
catalana y los nacionalistas vascos frente al
proyecto gubernamental; el patriciado burgués
bilbaíno y el catalán se unieron en un
frente común contra el audaz ministro de
Hacienda. Muchos de estos hombres había
sido ya ennoblecidos o lo serían, con el
tiempo, por Alfonso XIII: parte de la élite
burguesa que se incorporaría a la aristocracia.
En función de esta coalición, el proyecto
Alba fue derrotado, clara muestra de
la debilidad del Estado frente a las poderosas
élites económicas, que rechazaron
sistemáticamente toda reforma fiscal que
atentase contra sus intereses (CUENCA,
1998 a; SECO SERRANO, 1998 c; SIERRA,
1996).
Este tour de force no significó una ruptura
con las élites administrativas y la cúpula
del Estado pues los más grandes negocios
sólo eran posible mediante concesiones
de carácter privilegiado que
otorgaban los gobiernos de turno, liberales
o conservadores, en función de sus específicas
facultades patrimoniales (DÍAZ, 1998;
PRO, 1995). Tales concesiones no estaban,
sin embargo, al alcance de cualquiera, siendo
necesaria la pertenencia a la sociedad
política y cortesana. De esta manera, la
aristocracia residente en Madrid era el último
grupo de referencia, que continuó imponiendo
su estilo de vida a las élites políticas
y económicas que acudían a la Villa
y Corte, a la vez que su específica gravitación
social, en ese marco socioeconómico,
determinaba la incorporación de tales élites
en la clase dominante.
En ningún otro campo económico resultó
más claro este esquema de relaciones
que en el de las instituciones bancarias, por
su decisiva conexión con el centro político
a través de un ministerio de Hacienda cuyo
déficit crónico era absolutamente permeable
a toda relación particularista capaz
de resolver sobre la marcha las coyunturas
críticas del Tesoro o de los gobernantes. En
algunas ocasiones, en reconocimiento personal
de tales servicios particulares, el gobierno
apoyaba la concesión de un título de
nobleza que aseguraba la fijación de un
status estable para tales vinculaciones de
tipo personal con la élite política.
El ennoblecimiento de la gran burgue-
Aristocracia y poder económico en la España del siglo XX 159
sía industrial y financiera cumplió así una
doble función complementaria: de una parte,
no sólo satisfizo un puro afán de status,
sino que consolidó la capacidad personal
de gestión política y cortesana de los propios
intereses económicos, maximalizando
las posibilidades particulares y familiares
para alcanzar poder, honor y riquezas
(FRADERA y MILLÁN, 2000: 72-78). Por
otra parte, la intrincada red de relaciones
personales de tipo aristocratizantes-estamental
que vinculaban al rey con esa nobleza
era un supuesto social clave para la
estabilidad de la Corona y de todo ese Estado,
cuya fragilidad comenzó a vislumbrarse
claramente durante la crisis de 1917,
incapaz, desde sus puros recursos legales,
de imponerse sobre tal sociedad y dirigir
su desarrollo económico. La debilidad político-
administrativa del Estado monárquico
de la Restauración —con su incapacidad
tanto para una racionalización burocrática
y fiscal como para una auténtica regeneración
parlamentaria aunque Alfonso XIII y
algunos políticos así lo deseasen— sólo era
viable sobre la reconstrucción sistemática
de una aristocracia que llenase ese vacío de
poder público con su apropiación privada,
de tipo casi estamental de los medios de
poder, necesarios para la subsistencia de la
Corona como aglutinante personal y legitimación
institucional, a escala nacional, de
tales élites, necesariamente unidas entre sí
en términos oligárquicos. Era la única organización
posible para una Restauración
que se había impuesto como función de la
propia ausencia de una clase nacional burguesa
como soporte de un moderno Estado.
Cambó, el político conservador nacionalista
catalán, intentó encabezar una regeneración
del sistema, reconciliando los
intereses catalanes industriales y financieros
con una posible racionalización de la
economía nacional apoyada en la aristocracia
financiera y en la maquinaria estatal.
Tras la crisis de 1917, donde sus contactos
con el monarca fueron dos miembros de la
nueva nobleza, el marqués de Comillas y,
su heredero, el marqués de Güell, Cambó
obtuvo el ministerio de Fomento, dentro
del Gobierno Nacional que, al año siguiente,
encabezó el conservador Antonio Maura
(REGATILLO, 1950). En este gabinete
—que intentó cerrar la quiebra del sistema
canovista— trabajó con entusiasmo el político
catalán, pues pronto advirtió las posibilidades
de un ministerio que era único en
la Europa de su tiempo, en cuanto daba la
oportunidad de someter toda la economía
a un plan nacional. Del proteccionismo
particularista se pasó a un intento de nacionalización
del desarrollo económico, a
partir de la acción central del Estado. La
corta duración de este gobierno —tan sólo
ocho meses— impidió en el tiempo el apretado
plan de reformas elaborado por Cambó:
la progresiva irracionalidad política del
país impidió la racionalización económica.
Bajo la estructura de una moderna Monarquía
parlamentaria latían aún con fuerza
los viejos supuestos estamentales. La
aristocracia financiera, en opinión de Carlos
Moya, deglutió a las élites burguesas,
políticas, económicas y militares, en un
proceso que a la vez que reconstruyó el poder
de la vieja clase dominante, racionalizó
lentamente sus bases económicas. Con
este proceso fundamental se vislumbró una
de las claves de la historia española contemporánea:
una historia en la que bajo el
fantasma de la revolución apenas hubo
otra cosa que una dinámica de restauración
progresiva, de reajustamiento de viejas estructuras
tradicionales a las críticas condiciones
de la modernización políticoeconómica,
tesis que entronca con los planteamientos
de Antonio Morales Moya sobre la
peculiar revolución liberal hispana, más fácilmente
explicable en términos de conflictos
de élites que de lucha de clases. La negativa
de la élite política y social a modificar
sustancialmente el sistema político, tras
la crisis de 1917, condujo inexorablemente
a una situación límite que estallaría en 1923
y en1931.
160 Antonio Manuel Moral Roncal
No obstante, algo permaneció del proyecto
racionalizador de Cambó: su ordenación
bancaria, que contó con el apoyo de
un gran número de bancos privados, que
sostuvieron una política monetaria y crediticia
básica para el futuro desarrollo capitalista
nacional. En 1929, en el Banco de España,
siendo subgobernador el marqués de
Cabra, y contando con diez de los diecinueve
consejeros con título nobiliario, se
defendieron los consejos del viejo líder catalán.
Este planteamiento racionalizador
de la estructura financiera del país sobrevivió
a la Segunda República y a la guerra
civil, para ser una clave decisiva de la propia
fundación y vertebración del Nuevo
Estado Nacional de 1939. Sólo en ese marco
se haría posible, objetivamente, la nacionalización
de la economía española en
términos más o menos coherentes con la
herencia aristocrática-financiera de Cambó
(PABÓN, 1999; SECO, 1995 b).
ALFONSO XIII: ¿HOMBRE DE
NEGOCIOS O PROMOTOR
EMPRESARIAL?
Guillermo Gortázar, al investigar las actividades
económicas del monarca, llegó a
la conclusión de que su ejemplo había influido
decisivamente para la incorporación
de un importante número de miembros de
la nobleza —y de sus capitales— en actividades
empresariales que, a la postre, habían
potenciado la economía española
(GORTÁZAR, 1986). Casi un 10% de los
nobles tuvieron alguna relación empresarial
con Alfonso XIII, y muchos de ellos
destacaron por su actividad financiera e inversiones
en la industria. Es muy posible
que otros títulos se sintieran emulados por
la actividad del rey y de un amplio número
de aristócratas. De hecho, el número de
nobles que participaron en todo tipo de sociedades
fue mucho mayor que lo que se
pensaba, según se puede verificar mediante
la consulta de los anuarios financieros de
la época.
Don Alfonso confirió, además, un alto
nivel de confianza hacia aquellas personas
—generalmente miembros de la nobleza
más adinerada— que le representaron en
los Consejos de Administración de algunas
empresas. Se trataba de aquellas sociedades
en las que, por el elevado volumen de
inversión proporcional del rey, le correspondía
un puesto en el Consejo. El monarca
tuvo esta posición, no obstante, en muy
pocas sociedades, ya que de las setenta y
tres empresas donde invirtió, apenas en
seis o siete tuvo ese caudal proporcional.
De, aproximadamente, 174 socios o personas
que, de alguna forma, estuvieron vinculadas
en inversiones o empresas con el
rey, 120 poseían títulos nobiliarios. Ni que
decir tiene que gran parte de ellos constituían
una importante fracción del núcleo
de la élite económica. Si bien en España
existían dos mil títulos, el número de personas
que los ostentaban era inferior, dado
que muchos nobles acumulaban varios en
su misma persona.
¿Por qué participó activamente el monarca
en actividades empresariales? La Lista
Civil, fijada por una ley de 1876, aportaba
una cantidad insuficiente para sufragar
los gastos de la Casa Real. Por ello,
Alfonso XIII completó con su fortuna particular
la diferencia que se había producido
durante su reinado y que alcanzó la suma
de millón y medio de pesetas. Gracias
a sus inversiones, el rey logró multiplicar
por cinco su caudal privado entre 1900 y
1931 por medio del rendimiento de valores
inmobiliarios, los intereses de cuentas corrientes
y la herencia de su madre, la reina
María Cristina. El rey no poseyó tierras,
por lo que su capital se compuso, en su
mayoría, de valores inmobiliarios muy diversificados
y de fácil y rápida convertibilidad.
Así, el monarca, como hombre de negocios,
se situó más cerca de un burgués o
un noble emprendedor que de la antigua
nobleza latifundista.
Tomando como hilo conductor la actividad
empresarial del monarca —total-
Aristocracia y poder económico en la España del siglo XX 161
mente legal y fuera de toda tacha— resulta
evidente que la nueva sociedad liberal
decimonónica aportó el mayor número de
nobles incorporados a actividades financieras
e industriales. La sociedad aristocrática
del primer tercio del siglo XX emergió
como fusión de familias antiguas y otras
ennoblecidas en el siglo XIX, especialmente
durante los reinados de Alfonso XII y la
regencia de María Cristina de Habsburgo.
A) La nobleza más antigua, que reunía
a lo más granado y tradicional de la nobleza
española, fue especialmente remisa a
invertir en actividades empresariales, siendo
titulares de las mayores fortunas por
posesión de extensos latifundios en el centro
y sur de la península. Hasta ahora, en
espera de nuevas investigaciones, don Joaquín
de Arteaga y Echagüe, XVII duque
del Infantado, marqués de Santillana, gentilhombre
de cámara, fue el único Grande,
de los antiguos nobles, que se incorporaron
al mundo de los negocios desde el inicio
del siglo XX.
Nacido en 1870, y educado en los jesuitas,
cursó estudios de Derecho, participando
en política. En 1885 obtuvo el escaño de
diputado como independiente católico por
Zumaya, contrayendo matrimonio con doña
Isabel Falguera y Moreno, que sería dama
de la reina Victoria4. El duque promovió
y fundó la Hidraúlica Santillana en
1905, una de las sociedades pioneras en el
suministro de electricidad para Madrid. El
origen de esta empresa se sitúa unos años
antes. De los varios proyectos existentes
sobre el abastecimiento de aguas a la capital,
se interesó por uno que había sido realizado
en 1892 por el ingeniero Felipe Mora.
Consistía éste en la construcción de un
salto de agua en Torrelodones, que sirviera
para abastecer de energía a la Villa y
Corte, a la vez que fuera un canal para el
suministro de aguas potables a diversas localidades
de la provincia, como Las Rozas,
Aravaca, Humera, Carabanchel alto y bajo.
El coste de las obras calculado por el propio
Mora era de 12 millones de pesetas. En
1897, el duque del Infantado inició las gestiones
para aunar y adquirir las varias concesiones
otorgadas en el río Manzanares. A
lo largo de aquel ejercicio, el marqués de
Santillana fue adquiriendo otras concesiones
otorgadas a particulares en los ríos
Guadalix, Guadarrama, Lozoya, y el mismo
Manzanares. En el propio Congreso de
los Diputados presentó un proyecto para el
abastecimiento de agua a Madrid. En abril
de 1900, el ministerio de Fomento le otorgó
la concesión de un caudal medio de tres
metros cúbicos por segundo, que podría
conducirse hasta la capital y abastecer las
zonas que todavía no cubría el canal de Isabel
II, entre las que estaba el barrio de Salamanca,
aristocrático y burgués (MORILLAS,
2000).
Hacia 1902, el duque puso en marcha la
Central Eléctrica de Colmenar Viejo, iniciando
el transporte de energía eléctrica a
la ciudad. El proyecto progresó de tal forma
que, tres años más tarde, Hidráulica
Santillana se convirtió en una sociedad
anónima. Para ello aportó cuatro de los cinco
millones de capital social, movilizando
nuevos capitales con la incorporación como
accionistas de otros miembros de la nobleza
y personalidades de la época.
En su Consejo de Administración, se
dieron cita, además de Antonio Maura, el
marqués de la Rodriga, el marqués de Larios,
el conde de Mejorada, el marqués de
Torrecilla, el marqués de Torrelaguna y el
marqués de Monteagudo. A partir de 1910,
el duque del Infantado inició su actividad
en el sector ferroviario, consiguiendo la
aportación de nuevos recursos de la nobleza
rural, como promotor del ferrocarril de
Soria a Castejón o de los ferrocarriles andaluces.
En 1920, Infantado era considerado
uno de los cien grandes capitalistas del
país.
Como es sabido, Jacobo Fitz-James
Stuart, duque de Alba, fue uno de los cinco
primeros terratenientes del país, cuyas
propiedades sumaban más de 35.000 hectáreas.
Antes de 1920, su nombre no apare-
162 Antonio Manuel Moral Roncal
ció en los anuarios financieros, y sin embargo
después de esa fecha las revistas de
economía lo citaron continuamente. Es
cierto que en algunos casos le ofrecieron
presidir sociedades de las que no era accionista
—como Plus Ultra Cinematográfica—
pero ello es muestra, en todo caso, de
la valoración como prestigio social para
una empresa que contara con un Consejo
de Administración presidido por el duque
de Alba. Participó, junto al rey, como accionista
del Metropolitano de la capital,
además de la Compañía del Golfo de Guinea
y en la CHADE. Presidió el Consejo de
Administración de Telefónica y de Standar
Eléctrica y fue el segundo mayor copartícipe
en la construcción de un edificio en la
Gran Vía madrileña, promoción inmobiliaria
en la que el monarca era el primer inversor.
De la relación de actividades económicas
que aún se conserva en el archivo
familiar del palacio de Liria destaca su participación
en grandes empresas a partir de
1925 (MORAL RONCAL, 1998: 121-122).
Por otra parte, el conde de Aguilar de Inestrillas,
otra destacada figura de la nobleza,
fue consejero del Banco Popular de los Previsores
del Porvenir, en el que también fue
vocal el marqués de Vista Alegre, y del que
el rey había adquirido una pequeña participación
de quince mil pesetas que mantuvo
hasta su exilio.
El marqués de Argüeso, Grande de España,
entroncado con la antigua nobleza,
es otro ejemplo de aristócrata decidido,
desde comienzos de siglo, a la inversión de
sus rentas agrarias en sociedades industriales
y financieras. A diferencia del siglo
XIX, donde sus antepasados invirtieron en
la adquisición de nuevas tierras, el ferrocarril
o en títulos de Deuda Pública, este
noble no hizo ni una cosa ni otra, mostrándose
abierto a las nuevas posibilidades
que le ofrecía la incipiente economía industrial
española. Don Luis Morenés y
García Alesson, hijo de los barones de Cuatro
Torres, casado con la marquesa de Argüeso,
hermana del duque del Infantado,
se inició junto a su cuñado muy pronto en
el mundo de los negocios. Participó en tres
sociedades en las que Alfonso XIII era también
accionista: las Compañías General del
Corcho, Transatlántica y Española de Explosivos.
Sin embargo, no invirtió exclusivamente
en empresas pues administró,
gracias a su matrimonio, más de cinco mil
hectáreas repartidas en las provincias de
Córdoba, Murcia y Toledo, ademas de diversas
fincas urbanas en Madrid por un valor
de seis millones de pesetas.
Por último, el duque de Medinaceli, el
marqués de Mondéjar y el conde de Cedillo
fueron los otros tres Grandes, cuyos títulos
se remontan a fechas anteriores a
1520, que tuvieron vinculación empresarial
con Alfonso XIII, si bien tardía y reducida.
Además de los ya citados, se consideraba
también como antigua nobleza a los títulos
concedidos hasta los inicios de la Edad
Contemporánea. Todos ellos formaban parte
de la élite tradicional con rentas vinculadas
a la posesión de mayorazgos salvo en
los casos de títulos rehabilitados en el siglo
XX (Velayos, Yebes, Orellana...) que no gozaban
de patrimonio latifundista vinculado
al título. Algunos de estos nobles tuvieron
una participación muy limitada pero sin
embargo otros intervinieron decisivamente
en importantes empresas. Entre ellos, destacaron
el marqués de Angulo, vicepresidente
de Sevillana de Electricidad; el marqués
de Ariany, en Oxidos y Pinturas; el
conde de Campo Alange, en Linoleum; el
marqués de Castelldosrius, Grande de España
y consejero del Banco Hispano Colonial.
En total, 47 títulos de la antigua nobleza,
de los 120 nobles estudiados por
Guillermo Gortázar, intervinieron en iniciativas
empresariales junto al rey. Importante
capital humano y de recursos que se
incorporó al proyecto industrializador.
B) La aristocracia palaciega también intervino
en negocios empresariales, si por
tal entendemos a los nobles que ejercieron
un cargo en el organigrama palatino de la
Casa Real. Alfonso XIII premió con un tí-
Aristocracia y poder económico en la España del siglo XX 163
tulo nobiliario a numerosos servidores de
los diversos Cuartos y Secretarías, lo cual,
lejos de ser una innovación, respondía a
una larga tradición: el servicio en la Real
Casa era una vía habitual de ascenso social.
Alfonso de Aguilar fue intitulado conde
de Aguilar en 1913 por sus largos servicios
y lealtades. Dos factores incidieron en
su participación económica: por una parte,
el volumen de información que recibía en
el Palacio Real y el ambiente de inversiones
que se desarrolló tras la Gran Guerra;
por otra, su matrimonio con la hermana
del marqués de Cortina, ministro en numerosas
ocasiones y presidente del Banco
Banesto, uno de los máximos asesores de
confianza del rey. El conde de Aguilar, así,
participó en dos de los proyectos petrolíferos
en los que también participó Alfonso
XIII: la Sociedad para la explotación de terrenos
petrolíferos en España y la Petrolera
Poblana. Ambos fueron negocios fallidos,
y quizás por eso este aristócrata no
volvió a insistir en inversiones tan arriesgadas.
Otro palatino fue el conde de Maceda,
primer montero, que decidió invertir en la
empresa de automóviles Hispano-Suiza y,
posteriormente, en otras sociedades relacionadas
con el mundo de los automóviles
como Neumáticos Nacional y Pirelli. Activo
accionista de la empresa de Cambó, la
Compañía General del Corcho, fue promotor
de la Hispano-Suiza de Guadalajara. La
lista podría continuar incluyendo al duque
de Miranda, mayordomo mayor, secretario
del Consejo de Administración del Metropolitano,
cuya relación con el grupo financiero
del Banco Vizcaya y la representación
que ostentaba del rey le llevó, además, a
los Consejos de Administración de Urbanizadora
Metropolitana y de Petróleos Begoña.
El duque de Santo Mauro, mayordomo
y caballerizo mayor de la reina, participó
en dos empresas navieras con sede en Santander,
entre 1917 y 1919; el marqués de
Aycinema, oficial de la secretaria privada
de S.M., fue accionista de la Sociedad Comercial
de Oriente en la que también participó
el rey; el conde de Serramagna, oficial
de la secretaría privada de la reina María
Cristina, participó en la Sociedad Mengemor,
mientras el marqués de Torrecilla
—primo del duque del Infantado— estuvo
vinculado a Hidraúlica Santillana a partir
de 1905. Por último, el duque de la Unión
de Cuba, caballerizo mayor del rey desde
1915, fue consejero de la Trasatlántica y del
Metro. Con todo ello, resulta evidente que
la participación en los más diversos negocios
atrajo incluso al cerrado y reducido
círculo de nobles al servicio de la Casa
Real.
C) Hubo algunos aristócratas que se
convirtieron en los hombres de confianza
del rey, desde un punto de vista estrictamente
inversor del caudal privado de don
Alfonso. En primer lugar, los intendentes
generales marqués de Borja y conde de Aybar.
Asimismo, don Francisco Moreno Zuleta,
conde de los Andes, consejero del Banco
Hispano Austro-Húngaro y presidente
del Banco de Madrid, donde el rey suscribió
acciones, sin duda por la confianza y
amistad que le unía al conde de los Andes.
Casado con una cuñada de Gabriel Maura,
participó activamente en política, especialmente
durante la dictadura de Miguel Primo
de Rivera donde fue ministro de Economía
en 1928, sustituyendo al año siguiente
a Calvo Sotelo en la cartera de
Hacienda (SECO SERRANO, 1995 b).
José Quiñones de León, hijo de los marqueses
de San Carlos, fue el hombre del rey
en París, donde ejerció actividades diplomáticas.
Igualmente digno del aprecio y
consejo económico fue Emilio María Torres
y González Arnao, marqués de Torres de
Mendoza, secretario de despacho del monarca.
Algunas de las iniciativas empresariales
del rey fueron gestionadas por él,
quien comunicaba posteriormente con el
conde Aybar los pormenores de algún negocio
ya iniciado. En diversas ocasiones,
Alfonso XIII solicitó asesoramiento financiero
al marqués de Cortina, tanto en asun-
164 Antonio Manuel Moral Roncal
tos privados como públicos, al igual que el
marqués de Urquijo, el cual aconsejo al monarca
que adquiriera acciones de todos los
bancos filiales del Grupo Urquijo. Don Alfonso
le hizo caso e incluso amplió su campo
de inversión a otras empresas como La
Equitativa y la CHADE.
Aunque faltan todavía estudios sobre la
presencia de la nobleza en la industrialización
de las regiones periféricas, todo apunta
a un mantenimiento de la presencia de
sus capitales iniciada en el último cuarto
del siglo XIX. En Andalucía, al formarse en
1901 la Sociedad Explotadora de la Almadraba,
uno de los iniciales inversores fue el
conde de Barbate, don Serafín Romero, al
que se unió, poco tiempo después, Arsenio
Martínez Campos, duque de Seo de Urgell,
y José León de Carranza. Dentro del sector
ligado a la agricultura, las firmas de la nobleza
aparecieron con mayor frecuencia,
como en el negocio aceitero, donde caben
citar a los Luca de Tena, los Ybarra (con
gran peso en la industria jabonera) y García
Longoría. En 1904, la familia Osborno
fundó una las mayores novedades en la industria
alimentaria andaluza, la fábrica de
cerveza «La Cruz del Campo» en Sevilla.
Señal inequívoca de la creciente importancia
que la agroindustria fue tomando en la
economía andaluza, y más particularmente
la vinatera de Jerez y Málaga, fue el ascenso
a los primeros puestos de las listas
de mayores contribuyentes de nombres como
el de Manuel María González, fundador
de la Sociedad González Byass, y la saga
de los Domecq, familia que ascendió a
la nobleza titulada (MORALES, 1999).
Cronológicamente, desde el punto de
vista inversor de la aristocracia española,
debemos señalar dos etapas. Antes de 1920,
los nobles que participaron en empresas relacionados
con el rey fueron en su mayoría
del círculo de la Villa y Corte, teniendo su
aparición poco peso relativo, pues muchos
de ellos participaron, según el estudio de
Gortázar, en sociedades cinematográficas o
en proyectos petrolíferos. Los aristócratas
vascos y catalanes de esta época estuvieron
centrados en actividades financieras e industriales
de mucha mayor tradición y envergadura.
Sin embargo, esta diferencia se
equilibró después de 1920, justo cuando la
aparición de nuevas empresas permitió dar
el salto cualitativo a Madrid, como región
industrial, en relación a la periferia peninsular.
A partir de esa fecha, los círculos
aristocráticos comenzaron a participar más
activamente en empresas, incorporándose
al mundo de los negocios gracias a varios
factores:
1. El efecto de arrastre de las inversiones
extranjeras en España, que, a diferencia
del siglo anterior, se orientaron a la creación
de empresas, debido a las posibilidades
de crecimiento y despegue económico
por un lado, y a la estabilidad política y social
del país por otro, tras la instalación de
la dictadura de Primo de Rivera (TUSELL,
2001).
2. Numerosas familias de la nobleza
continuaron invirtiendo y conservando sus
fincas agrarias que les conferían rentas y
prestigio, pero algunas de ellas se percataron
de que una diversificada cartera de valores
podía llegar a ser una magnífica opción.
Tenía además la ventaja de una mayor
rentabilidad y mayor capacidad de
conversión en dinero. El riesgo era, por supuesto,
superior, pero se equilibraba mediante
la adquisición de títulos de renta fija,
manteniendo en todo caso una sólida
base en propiedades rústicas y urbanas. La
fortuna de cualificados aristócratas (Alba,
Infantado, Argüeso, Fernán Núñez) resulta
ilustrativa a este respecto. También se registró
el fenómeno contrario: algunos hombres
de negocios ennoblecidos por sus
actividades empresariales, y sus descendientes,
compaginaron sus orígenes económicos
con la adquisición de un patrimonio
agrícola. En 1878, Antonio López y López,
fundador de un extenso y variado imperio
industrial, fue nombrado marqués de Comillas
y tres años más tarde Grande de España.
En 1932, las propiedades rurales del
Aristocracia y poder económico en la España del siglo XX 165
titular de este marquesado ascendían a
23.720 hectáreas de tierra laborable, situándole
en el sexto puesto de la lista de
terratenientes nobles (SHUBERT, 1991: 97).
3. Alfonso XIII, hombre de negocios, cabeza
visible de la alta sociedad aristocrática,
animó a gran parte de la nobleza a la inversión
en nuevas y modernas sociedades
industriales. De hecho, su ejemplo tuvo
mayor influencia a partir de 1917, cuando
el éxito del Metropolitano de Madrid y el
activo papel del rey en aquella empresa fue
conocido por la opinión pública. En 1914,
dos tercios de su fortuna estaban representados
por valores extranjeros depositados
en bancos de París y Londres, pero en 1931
la proporción se encontraba invertida, y
tan sólo había en esos bancos un tercio de
su caudal privado. La mayoría de su capital
se encontraba invertido en España.
4. El país se había incorporado, dentro
de sus posibilidades, a las nuevas corrientes
y al reto tecnológico que planteaba la
Segunda Revolución Industrial. La energía
eléctrica, el motor de explosión y la producción
de bienes de consumo conocieron
un despegue espectacular en la década de
los años 20. Crecimiento que tuvo su relación
con la euforia económica internacional,
especialmente de Estados Unidos, y la
aparente superación de los males de la
Gran Guerra (NADAL, 1990).
La estabilidad política y la fortaleza de
la peseta, al menos hasta 1930, animaron a
la nobleza española a incorporarse a un
nuevo marco de relaciones económicas en
el contexto de una progresiva modernización
económica. De esta manera, contribuyeron
a una alteración de las relaciones sociales
tradicionales por medio de efectos
secundarios como la urbanización, el incremento
de las clases medias y profesionales,
y el aumento del peso cualitativo y
cuantitativo de los grupos de trabajadores
urbanos. Sin embargo, la inadaptación del
sistema político de la Restauración a los
nuevos requerimientos de la sociedad española
del primer tercio del siglo XX, mucho
más moderna y compleja que la del siglo
anterior, condujo al país a la crisis política
en 1931.
No obstante, debemos limitar esta brillante
panorámica a ciertos límites, pues no
debemos olvidar que faltan estudios en
profundidad sobre los patrimonios de la
nobleza latifundista y los títulos que ni fueron
grandes inversores ni poseyeron extensas
parcelas5. En algunos casos, la posesión
de un título se convirtió en el último
recurso económico para que un aristócrata
pudiera sobrevivir en esa sociedad, como
en el caso de Aurora Villalón Daoiz y
Auñón, que solicitó al rey en 1908 que le
concediera la gracia de gratuidad en los
derechos de sucesión al condado de Daoiz,
ante la imposibilidad de contar con los mínimos
recursos necesarios para pagarlos.
Isabel II había concedido el título de condesa
a María del Rosario Daoiz y Torres
Ponce de León (1769-1853), hermana del famoso
héroe del Dos de Mayo. La agraciada
no sólo demostró sus orígenes nobiliarios
sino que envió a la reina una relación
de sus bienes, cuyas rentas generaban la cifra
de 103.460 reales, con los cuales podía
ostentar debidamente la dignidad concedida6.
Sin embargo, cincuenta años más tarde,
sus descendientes no sólo no habían
podido aumentar su capital sino que lo habían
consumido. Don Alfonso apoyó la demanda
de Aurora Villalón ante el ministerio
de Gracia y Justicia, por lo que se la
dispensó de pagar los derechos de trasmisión,
pudiendo ostentar el título y, a los pocos
años, casarse con Ricardo Alonso López,
registrador de la propiedad7.
Igualmente, los estudios sobre la élite
española durante el reinado de Alfonso
XIII se han olvidado de los títulos que emprendieron
el estudio de carreras universitarias,
de aquellos que se incorporaron a la
vida militar o a la carrera diplomática sin
contar con grandes fortunas personales, los
que ejercieron como médicos, ingenieros,
arquitectos, profesores de universidad, etcétera8.
Sectores o grupos de la nobleza ti-
166 Antonio Manuel Moral Roncal
tulada en espera de investigaciones que definan
su papel en el organigrama social de
la época.
CRISIS, DECADENCIA Y
SUPERVIVENCIA DE LA ÉLITE
NOBILIARIA
En el último gobierno de la monarquía
alfonsina, más de la mitad de los ministros
ostentaban un título nobiliario (Romanones,
Xauen, Maura, Bugallal, Hoyos y Alhucemas),
buena muestra del papel preponderante
de la nobleza en la cúspide de
las instituciones, embajadas y altos cargos
del Estado. Fue el canto del cisne de la presencia
aristocrática, directa y efectiva, que
finalizó por completo con la llegada de la
Segunda República y que el régimen de
Franco no se propuso nunca restaurar..
La llegada del régimen republicano supuso
el final de la aristocracia cortesana al
servicio de la Casa Real, que abandonó los
Reales Sitios; igualmente, no se restauró el
Senado ni la presencia estamental de la
Grandeza, estableciéndose una única Cámara
de representantes, elegidos por sufragio
universal. Además, se obstaculizó la
presencia de la nobleza en el Ejército, acabando
con su tradicional preeminencia en
el cuerpo de caballería, a través de una política
de reformas militares muy polémica
en su tiempo. La reforma agraria que la República
puso en marcha amenazó con la
expropiación de tierras a los títulos de la
Grandeza, a los que por ley se discriminó
de cualquier tipo de indemnización económica.
Algunos grupos políticos censuraron la
medida de expropiación por incompleta,
pues, a su entender, debía abarcar igualmente
no sólo a la Grandeza, sino a toda la
nobleza y también a los grandes terratenientes.
El director general de Propiedad,
Jerónimo Bugeda, valoró las tierras expropiadas
sin indemnización entre 300 y 400
millones de pesetas. Solamente el valor de
las tierras del duque de Medinaceli —apuntó—
representaban unos 40 millones, sin
contar con lo confiscado a los sancionados
por su participación en el intento de golpe
de Estado del 10 de agosto de 1932, calculado
en unos 50 millones de pesetas. La Gaceta,
el día 16 de octubre del mismo año,
publicó la lista de Grandes afectados por la
ley de expropiación. En total eran 390, clasificados
en: 127 duques, 174 marqueses, 78
condes, una vizcondesa, un barón, los señores
de Casa de Lazcano y de la Casa de
Rubianes, tres Grandes sin denominación y
cuatro ciudadanos extranjeros. Figuraron
desde los títulos más antiguos, como los Alba,
Infantado, Medinaceli, Solferino, Gandía,
Alburquerque, Santa Cruz y Osuna,
hasta aquéllos más modernos, como los
marquesados de Comillas y Valdecilla, y los
de abolengo político como Canalejas, Cánovas
del Castillo y Maura. Todo ello comenzó
a situar a la nobleza, en bloque, enfrente
del sistema republicano.
No obstante, y a falta de complejos estudios
al respecto, aparentemente el gobierno
no obstaculizó las inversiones de capital
procedente de familias aristocráticas
en el sector secundario y terciario. Naturalmente,
la crisis mundial de 1929 y sus
consecuencias afectaron a algunas empresas
y negocios, donde algunos títulos habían
invertido, pero su mayor preocupación,
con el paso de los años, fue similar al resto
de accionistas burgueses o empresarios
de clase media: la inestabilidad política, la
crisis de la peseta y la conflictividad laboral
en el país. Fruto de la crisis de los años
treinta estalló la guerra civil (1936-1939),
dividiendo a la sociedad y estableciendo
dos gobiernos, dos Españas beligerantes
durante el conflicto. Con el paso del tiempo,
fue notorio que en la preparación y
mantenimiento del Estado diseñado por el
Bando Nacional resultó clave el esfuerzo
movilizador, económico y humano de la
aristocracia.
En este sentido, no nos puede extrañar
que Antonio Goicoechea y Coscolluela, jefe
del aristocrático partido Renovación Es-
Aristocracia y poder económico en la España del siglo XX 167
pañola tras el asesinato de Calvo Sotelo,
fuera nombrado gobernador del Banco de
España y comisario de la Banca Oficial por
un decreto de 1938. Ya el 14 de septiembre
de 1936, en Burgos, se había reunido el
Consejo del Banco de España a los que
asistieron, entre otros, el marqués de Amurrio,
el conde de Heredia Spinola, el marqués
de San Nicolás de Noras, el marqués
de Aledo, el conde de Limpias, el conde de
Barbate y el vizconde de San Alberto, que
se encontraban en zona nacional. Con núcleo
tan importante e identificado con el
bando sublevado, no fue difícil a la Alta
Administración del Banco unificar en todas
sus sucursales la política de crédito a seguir,
de acuerdo con las directrices y necesidades
bélicas del gobierno (BANCO DE
ESPAÑA, 1942). Desde un principio, se advirtió
como significados miembros de la
nobleza colaboraron activamente para que
la Junta Técnica del Estado y el Consejo del
Banco de España pusieran las bases para el
saneamiento monetario de la zona nacional
y para la financiación de la guerra. En algunas
memorias de la época advertimos la
entrega de numerosos títulos de la nobleza
a la causa acaudillada por el general Francisco
Franco, como en las memorias de
Priscilla Scott-Ellis, hija del VIII Lord Howard
de Walden (SCOTT-ELLIS, 1996). Numerosos
aristócratas ingresaron en las filas
del ejército, en la diplomacia del Nuevo Estado,
en la alta administración, en las instituciones
de Asistencia Social. Aquellos
que mantenían redes de influencia en la alta
sociedad europea pusieron sus contactos
a favor de los objetivos bélicos del gobierno
de Burgos, como el duque de Alba.
A pesar de todo, la guerra supuso la
mayor crisis a la que se enfrentó, en su historia,
la aristocracia española como grupo
social. Fueron años donde realmente se llegó
a jugar su propia supervivencia, de tal
manera que, durante el conflicto, fallecieron
177 aristócratas que reunían un total de
246 títulos nobiliarios, alrededor del 10%,
por lo tanto, de la nobleza española, cifra
sin parangón con la pérdidas humanas sufridas
por el estamento en cualquier otro
conflicto de nuestra Edad Contemporánea.
De los 250 titulares y consortes con Grandeza
de España que en 1936 figuraban a la
cabeza de la aristocracia fueron asesinados
40 y 10 murieron en los frentes de batalla.
Ello sin contar las muertes derivadas de los
malos tratos, prisión y penalidades sufridas
por otros, cuyo óbito se produjo unos
años después de finalizar el conflicto bélico.
Por otra parte, no debe olvidarse que,
en la zona republicana, estalló una revolución
social que expropió los palacios, las
mansiones, las fincas urbanas y rústicas de
la nobleza y grandes propietarios, acusados
de connivencia con el bando sublevado.
Paralelamente, se inició una política de
eliminación física de sus miembros, repitiéndose
la persecución desatada durante
las revoluciones francesa y rusa.
Sin embargo, la guerra finalizó con la
triunfo de la España Nacional, por la que
la nobleza había dedicado sus mayores esfuerzos.
Así, se inició el lento camino de reorganizar
fincas, inmuebles, restaurar palacios
e intentar volver a la situación anterior
a la guerra. La presencia política de la
nobleza durante la etapa republicana había
quedado limitada a los partidos del Bloque
Nacional y al grupo intelectual de Acción
Española, y por esos mismos canales siguió
presente en el primer franquismo, del que
en parte se disoció por falta de simpatía
por el falangismo y como consecuencia del
reclutamiento de nuevas élites en otros
sectores, como el funcionariado de origen
burgués y las organizaciones católicas
(CUENCA y MIRANDA, 1998 b). La escasa
presencia de la nobleza en algunas instituciones
del Estado, a diferencia de anteriores
etapas, resultó bien notoria, como se
puede apreciar en el estudio sobre las Cortes
en el primer franquismo de Álvaro De
Diego (DE DIEGO, 1999). Quizá, la última
institución en la que la aristocracia tuvo un
papel político importante fue el Consejo
Privado de don Juan de Borbón, conde de
168 Antonio Manuel Moral Roncal
Barcelona, en el exilio portugués. En 1968,
de sus 92 miembros, el 18% pertenecían a
la nobleza, frente a un 3% de los procuradores
a Cortes franquistas. No obstante, resulta
sintomático el pequeño porcentaje
que existía en este consejo, asesor del Jefe
de la Casa Real española en el exilio, por
aquellas fechas si lo comparamos con instituciones
semejantes en el siglo XIX.
La política del franquismo estuvo regida
por ciertos principios generales que se
mantuvieron inalterables y que se orientaron
invariablemente hacia la consecución
de un determinado tipo de sociedad. Desde
las instancias oficiales, se afirmó la existencia
de ciertos criterios orientadores de la
conducta política y social, modelizados por
las circunstancias políticas, sociales y económicas
de cada momento, que apuntaron
hacia la configuración de un tipo determinado
de Estado. Franco se propuso, y así se
divulgó a través de todos los medios posibles,
la construcción de una sociedad cristiana
y orgánica, idea que él mismo expresó
de múltiples maneras a lo largo de sus
escritos, discursos y mensajes. Sin embargo,
no dejó claro el papel que en esa sociedad
orgánica reservaba a la nobleza, a la
que —desde el final de la guerra civil— observó
con cierto recelo, ya por influencia de
las élites falangistas, ya por considerar unida
a esta clase social con el proyecto restaurador
de la Monarquía.
Desde un punto de vista económico, la
nobleza pudo recuperar patrimonios amenazados
por la legislación republicana y la
revolución. En 1944, el Anuario Español de
Gran Mundo, como homenaje a la función
bancaria, publicó las fotografías de las más
prestigiosas personalidades del mundo financiero
de Madrid, presididas por la de
Antonio Goicoechea: de los 38 prohombres
que allí aparecieron, 16 ostentaban aún títulos
aristocráticos y otros seis al menos tenían
vinculaciones aristocráticas. Pero, pese
a todo, la situación había variado: la
adscripción de grandes capitales a valores
de Bolsa y Deuda Pública anteriores a la
guerra, y devaluados tras ella, junto con la
caída de las rentas agrícolas resultaron fatales
para sus patrimonios.
Numerosas familias nobles no pudieron
mantener el status anterior a la guerra debido
a la caída de sus ingresos. En compensación,
el Nuevo Estado no discriminó
su reincorporación a algunos de sus tradicionales
cotos que la Segunda República
había intentado limitar: la diplomacia, la
alta administración y el Ejército (PERINAT,
1996). Si observamos el caso del duque de
Alba, embajador del Nuevo Estado en Londres,
y decidido partidario de la restauración
de la Monarquía, este aristócrata tuvo
que iniciar un lento y caro proceso de recuperación
del patrimonio mobiliar perdido
durante la guerra, aunque no todo se
pudo recuperar. El costo de la reconstrucción
de su palacio madrileño de Liria en
los años cincuenta no se hizo público. Sin
embargo, el patrimonio agrario de los Alba
sufrió una mengua notable, pues de las
35.000 hectáreas del catastro de 1930, menos
de 19.000 perduraban sesenta años
después. Las obras de acondicionamiento
del palacio —buena muestra del espíritu
nostálgico de la alta nobleza en la posguerra—
duraron de 1948 a 1954 y tuvieron
que venderse algunos terrenos para su restauración,
además de destinarse los dos
millones de pesetas que se consiguieron cobrar
de un seguro (MORAL RONCAL,
1998). Si esto aconteció en la hacienda de
uno de los mas importantes miembros de
la Grandeza, podemos comprender el impacto
económico que pudieron sufrir otros
linajes.
Si se retoma el caso de los condes de
Daoiz, anteriormente comentado, la hija de
Aurora Villalón contrajo matrimonio con
Julio Prats, capitán de artillería, el cual falleció
en la inmediata posguerra. La pensión
de viudedad que comenzó a recibir, cifrada
en 192 pesetas al mes, obligó a la condesa
a ponerse a trabajar, para lograr sacar
adelante a un hijo, que accedió a la carrera
militar, y una hija, que, en la década de los
Aristocracia y poder económico en la España del siglo XX 169
años sesenta, también tuvo que buscar un
empleo en la base norteamericana de Morón9.
El duque de Almenara Alta, asesinado
en Paracuellos en 1936, legó a sus descendientes
una herencia cifrada en dos millones
de pesetas, justo lo que el duque de
Alba había logrado obtener del cobro de un
seguro en la posguerra10. Su hija, María de
la Soledad Martorell y Castillejo contrajo
matrimonio, el 4 de agosto de 1948, con
Juan Pedro de Soto Domecq, que se declaró
como «agricultor». Haciendo una cata
en la sección de Títulos del Archivo del ministerio
de Justicia, podemos comprobar
que no hacía cincuenta años que la mayoría
de los nobles y sus consortes, a la hora
de abonar los derechos de sucesión o en
otros trámites, se declaraban como «rentistas
» o «propietarios».
Por una ley de 4 de mayo de 1948 el régimen
volvió a restaurar la legislación nobiliaria
anterior a 1931 y atribuyó al Jefe
del Estado la concesión de títulos. Franco
hizo uso de ese privilegio, que se había
concedido a sí mismo, para otorgar póstumamente
títulos de duque a destacados
símbolos de la Nueva España como Calvo
Sotelo, José Antonio Primo de Rivera y el
general Mola; de conde al general Moscardó
—héroe del Alcázar de Toledo—, a Onésimo
Redondo y a Víctor Pradera. En años
sucesivos concedió otros títulos de conde a
generales y militares destacados en la guerra,
científicos, médicos y algunos políticos
del régimen, como el condado de Castillo
de la Mota a Pilar Primo de Rivera. El más
singular de todos fue concedido a un hombre
de empresa, Barrié de la Maza, que recibió
el título de conde de Fenosa, denominación
tomada de las siglas de Fuerzas
Eléctricas del Noroeste de España Sociedad
Anónima.
Aunque la Ley de Sucesión restauró la
Monarquía en 1947, hasta 1956 no se procedió
a ordenar la publicación de una Guía
Oficial de Grandezas y Títulos del Reino. En
la edición de 1973 figuraban 391 títulos con
Grandeza y 2.189 sin ella, a los que había
que sumar 59 títulos extranjeros autorizados
en España, entre ellos 47 pontificios.
Un total de 2.580 dignidades que ostentaban
1.977 personas, más los que figuraban
pendientes de trámite. Ciertamente, por la
acumulación de títulos, la nobleza no era
un colectivo numeroso pero Franco, con estos
gestos, consiguió una neutralidad benevolente,
en cuestión política, de la mayor
parte del mismo. Si bien era un colectivo
partidario de la restauración de la Monarquía
en España, en muy pocos casos pasaron
a protagonizar una oposición abierta y
beligerante contra el régimen que había
restaurado su legislación, el uso de sus títulos,
y permitía su desarrollo económico y
social. En todo caso, algunos nobles fueron
partidarios de un entendimiento con el Jefe
del Estado que posibilitara una pacífica
transición de poderes al conde de Barcelona.
La mayor parte de los historiadores
afirman que la segunda mitad del siglo XX
produjo importantes cambios económicos
en la mayor parte de las casas de la nobleza,
de la misma manera que la sociedad y
la estructura agraria del país se transformaron
durante el régimen franquista. Sin
embargo, faltan todavía tesis doctorales,
investigaciones y trabajos centrados en la
administración de recursos y fuentes de riqueza
de la nobleza durante esta tan debatida
etapa histórica. Así, tan sólo se conocen
sucintamente algunos casos como el linaje
de los Alba. El primer marido de la
duquesa Cayetana, Luis Martínez de Irujo,
decidió cambiar el tradicional sistema de
arrendamiento de fincas, disponiendo algunas
hectáreas de tierra en explotación directa,
otorgando una participación en los
beneficios a los obreros, según unas tablas
de rendimiento, evitando, de esta manera,
conflictos laborales, de acuerdo con la política
social paternalista del régimen franquista.
En los años sesenta, creó administraciones
separadas de las fincas que su
mujer poseía en Navarra, Ávila, Salamanca,
Extremadura y Andalucía. Los benefi-
170 Antonio Manuel Moral Roncal
cios se invirtieron en la adquisición de tecnología
agraria, pisos y propiedades inmobiliarias
que, al alquilarse, proporcionaron
grandes rendimientos. La casa de Alba
también invirtió en valores de bolsa, aunque
de forma segura y muy conservadora.
Este proceso de reorganización económica
se acentuó en el reinado de don Juan Carlos
I. El ministerio de Agricultura y el Instituto
para la Reforma y Desarrollo Agrario,
dirigido por Alberto Ballarín Marcial,
concedieron notables ventajas a los colonos
de algunas fincas de los Alba para adquirirlas
mediante créditos y ayudas directas,
compensando a sus anteriores propietarios,
política muy diferente a la mantenida durante
la Segunda República. La finca navarra
de Baigorri fue vendida en 125 millones
de pesetas y la de Las Vegas en otros 60.
Parte de ese dinero se destinó a la adquisición
de varias viviendas en torno a Liria y
a la compra del edificio número 41 de la
madrileña calle de José Abascal, que fue alquilada
a una empresa energética y a un
ministerio. En 1982, la administración de la
casa recibió 200 millones de pesetas provenientes
de la venta de varias fincas en Andalucía
(MORAL RONCAL, 1998). Todo
parece apuntar que las rentas provenientes
de fincas urbanas, la explotación directa de
propiedades agrícolas y la mejora de inversiones
en bolsa constituyeron las tres
fuentes de ingreso principales de los Alba
durante esa época. Sin embargo, tampoco
se debería olvidar sus colecciones de pintura
y escultura, su biblioteca y archivo, los
palacios de Liria, Dueñas y Monterrey, patrimonio
histórico-artístico de un enorme
valor, herencia de un linaje de siglos.
En el caso de Miguel Lasso de la Vega
(1921-1996), vizconde de Dos Fuentes y
marqués de las Torres de la Pressa, educado
en los difíciles años de la caída de la
Monarquía y la crisis de los años treinta, se
declaró como «agricultor» en los trámites
iniciales para la legalización de sus títulos
en 1951. Su hijo Miguel accedió a la universidad
y obtuvo el título de ingeniero
técnico agrícola11, al igual que Álvaro Moreno
de Arteaga, marqués de la Eliseda y
Enrique Falcó Carrión, conde de Elda12.
Don José Manuel Zulueta y Carvajal (1927-
1992), marqués del Duero y duque de
Abrantes, accedió a la carrera militar, al
igual que su hijo, José Manuel Zulueta y
Alejandro, capitán de caballería, destinado
en el Cuarto Militar del rey Juan Carlos I
en el momento de solicitar la sucesión de
los títulos de su padre13. Así, todo parece
indicar que, en los últimos sesenta años, las
familias de la nobleza han tenido que
adaptarse a la pérdida de los puestos en la
Casa Real y en la alta política, reorganizando
sus explotaciones agrarias, adaptando
sus gastos a una mentalidad contemporánea
—lejana a los antiguos tiempos del
mecenazgo artístico y cultural—, procurando
ingresar en la universidad, trabajando
en grandes empresas, en la banca y en
el Ejército. La nueva monarquía democrática
no restauró su presencia en los círculos
cortesanos, desligándose del enorme
peso económico que para Alfonso XIII había
supuesto el mantenimiento del Patrimonio
Nacional.
LOS TÍTULOS BAJO EL RÉGIMEN
FRANQUISTA: ACORDES Y
DESACUERDOS
En la década de los años setenta, Salvador
Giner subrayó el inmovilismo y restauración
de la vieja oligarquía de poder durante
el régimen franquista, fenómeno que,
no obstante, no había sido incompatible con
una profunda transformación del resto de
grupos que formaban la sociedad española
desde 1939 (GINER, 1972). En su opinión,
la aristocracia, oscurecida durante la etapa
republicana, afectada sus bases por su legislación
agraria, había sido diezmada durante
la guerra civil, pero renació con fuerza
al concluir ésta, enfrentándose a una difícil
situación de fidelidad a la causa
monárquica, de un lado, y a la persona y
gobierno de Francisco Franco, por otro.
Aristocracia y poder económico en la España del siglo XX 171
Dos fidelidades de muy distinto signo y frecuentemente
inconcebibles entre sí. Otro
motivo de conflicto entre la nobleza y el régimen
se planteó entre sus marcados criterios
elitistas, desde un punto de vista económico
y social, y el carácter social del franquismo
(Cfra., MORENO, 2000; SÁNCHEZ
RECIO, 1998; SUÁREZ, 1993), sin que ello
se saldara con un desplazamiento de la
aristocracia de la cumbre del poder económico,
siendo una muestra más de las tensiones
existentes en los grupos que formaban
la élite. Así, un sector relevante de la
nobleza mantuvo aún una fuerte vinculación
con la agricultura y la ganadería, pero
alcanzó paulatinamente más poder e influencia
a través de sus actividades industriales
y financieras. En su opinión, la presencia
de títulos en los Consejos de las
Sociedades Anónimas demostraba su relevante
posición de poder.
Efectivamente, en la década de los años
sesenta, numerosos investigadores se sintieron
interesados en estudiar su presencia
en estos cerrados círculos socio-económicos,
en orden a descubrir ocultos mecanismos
de control de la economía por parte de
reducidos grupos de la sociedad española.
Carlos Elordi en 1973, en un artículo publicado
en Actualidad Española con el título
de «Los nobles en la industria» apuntó que
en los Consejos de Administración de Sociedades
Anónimas con un capital superior
a los dos millones de pesetas se registraba
la presencia de 333 títulos de nobleza, ocupando
un total de 1.500 puestos en dichos
consejos, siempre teniendo en cuenta que
un aristócrata podía poseer más de uno de
ellos.
No obstante, si bien era alto el número
de presidencias de estos Consejos ocupadas
por miembros de la nobleza (muchas
de ellas honorarias), era notorio, igualmente,
la escasa participación de los mismos
en las tareas de dirección ejecutiva de
las empresas, la mayoría de los cuales estaban
en manos de miembros de la alta
burguesía. Factor que debe ser subrayado
debidamente. De las 686 empresas en las
que figuraban títulos nobiliarios ocupando
sillones del Consejo de Administración, o
puestos de alta dirección, 194 (un 30%) estaban
presididas por burgueses, mientras
que los nobles tan sólo ocupaban 64 puestos
de consejero-delegado o de director. Todo
ello limita de forma muy clara la pretendida
tesis de inalterabilidad del poder
económico y social de la nobleza española.
Por otra parte, este estudio no fue completo,
al no proceder a señalar si esos títulos
eran de reciente creación, viejos linajes o
burguesía ennoblecida, lo cual hubiera sido
bastante necesario para evitar generalizaciones
sobre los límites del poder de la
aristocracia.
Durante uno de los Cursos de Verano
de la Universidad Complutense en El Escorial,
en la década de los noventa, el profesor
Martín López advirtió sobre la necesidad
de estudiar el proceso de ennoblecimiento
de la alta burguesía durante la
segunda mitad del siglo XX, verdadera clase
líder —en su opinión— del desarrollo
económico de los años sesenta y setenta, a
través de las vías del poder político y de
los lazos matrimoniales, vieja fórmula de
supervivencia/ascenso social que nunca
había llegado a desaparecer de las redes de
sociabilidad de la clase alta, adaptándose a
los nuevos tiempos. Sin embargo, Franco
tan sólo creó unos 38 títulos nuevos y, en
la mayoría de los casos, no parece ser que
su función fuera el ennoblecimiento de la
alta burguesía, aunque tampoco faltan algunos
ejemplos. El 18 de julio de 1958,
Franco concedió el título de conde de Echeverría
de Legazpia a don Patricio Echeverría
Elorza, por su dedicación a la industrialización
y a la mejora social y moral de
los obreros. Hijo de artesanos, había comenzado
sus negocios en las Vascongadas
con una pequeña forja a cargo de un único
empleado, pero, con el tiempo, llegó a fundar
numerosas fábricas, escuelas, bibliotecas
y hogares dignos para sus más de dos
mil empleados. Como se subrayó en su ex-
172 Antonio Manuel Moral Roncal
pediente, durante la guerra civil fue decisiva
la ayuda de este empresario a favor
del Bando Nacional, teniendo en cuenta
que la mayor parte de los centros industriales
del País Vasco quedaron en la zona
republicana14. Igualmente, los méritos en
materia de ayuda a la industrialización regional
fueron determinantes para que, el 18
de julio de 1969, se concediera a don Alfonso
de Chucurra la dignidad de conde de
El Abra15.Queda pendiente para la investigación
la rehabilitación de viejas dignidades
durante la etapa franquista y la cuestión
especialmente interesante de los títulos
carlistas, que fueron reconocidos y
equiparados a los concedidos por la rama
dinástica isabelina. Así, todo parece indicar
que, actualmente, se precisan estudios detallados
sobre los lazos matrimoniales y las
redes clientelares de poder durante la etapa
franquista.
Frente a Salvador Giner, Carlos Elordi y
las sugerencias de Martín López, una de
las tesis más elaboradas fue expuesta por
Carlos Moya en los años setenta y retocada
en los noventa, aun necesitada de estudios
que apoyen su validez, según admitió
su propio creador (MOYA, 1993: 64-153).
Crítico con las tesis sociales de los sociólogos
Linz y De Miguel, Moya afirmó que el
quebradizo desarrollo del capitalismo en
España, desde 1840 a 1950, no había llegado
nunca a cristalizar en una clase nacional
burguesa; constituyendo, básicamente,
un proceso de restauración modernizadora
en la que se reconstruyó el poder de la aristocracia,
en tanto típica clase dominante de
las sociedades occidentales en cuanto sociedades
tradicionales preindustriales. Un
requisito para la secular duración de ese
poder tradicional fue la eventual incorporación
y renovación de sus filas con las élites
burguesas surgidas con la propia dinámica
del capitalismo comercial urbano que
precedió, por más o menos siglos, al salto
de una economía y a una sociedad industrial
y urbanizada. La clase media, en definitiva,
proporcionó los cuadros suficientes
para mantener la dominación tradicional.
Cuando la supremacía político-social alcanzó
el nivel moderno de la racionalización
burocrática correspondiente a las
grandes organizaciones públicas y privadas,
se produjo una movilización ascendente
de élites y altos cuadros que resultó
progresivamente incompatible con toda residual
dominación de tipo aristocrático estamental.
En esa movilización vertical jugaron,
por supuesto, un papel clave ciertos
sectores de las nuevas clases medias, propias
de un sistema capitalista de la posguerra
mundial. En España, a partir de la
década de los años 50, el núcleo central de
una aristocratizante clase dominante se vio
limitado en su poder tradicional por ese
proceso de movilización horizontal y vertical
de los nuevos altos cuadros y ejecutivos,
imponiendo progresivamente un estilo
relativamente burgués y moderno en
amplios sectores de la clase alta. Pues con
el creciente proceso de burocratización y
desarrollo económico del franquismo, el
enorme poder tradicional de aquella vieja
y restaurada clase dominante sólo se pudo
mantener en funcionamiento mediante una
reestructuración modernizadora de una
clase alta en la que aquella élite decisiva
vendría englobada.
Paralelamente, tras la victoria de 1939,
a pesar de los intentos de reconstrucción de
la nobleza como élite de poder, se impuso
la formación de una nueva clase alta, que
asumió los símbolos, cultura y mentalidad
en que se apoyaba la moderna racionalidad
burguesa empresarial, por lo que resultó
imposible la restauración del sistema tradicional
de legitimaciones de la vieja aristocracia,
harto deteriorada a lo largo de todo
un siglo en el que la retórica del lenguaje
político constitucional había estado
determinada por los símbolos liberales. El
reducido horizonte de modernización con
el que esta clase rellenó el hueco de su imposible
restauración absoluta de una legitimación
tradicional fue el estrecho marco
de racionalidad capitalista sobre el que, en
Aristocracia y poder económico en la España del siglo XX 173
opinión de Moya, se inició el despegue de
la reorganización industrial, deseada y
planteada desde 1918 por algunos sectores
de la burguesía catalana.
El 18 de julio de 1951, Franco otorgó el
título de conde de Benjumea al nuevo gobernador
del Banco de España, Joaquín
Benjumea Burín, hermano del conde de
Guadalhorce, ministro de Obras Públicas
con Miguel Primo de Rivera. El nuevo aristócrata,
organizador de la gran empresa
minera de Riotinto y presidente del Consejo
de Minería, había sido nombrado en
plena guerra jefe del Servicio Nacional de
Regiones Desvastadas y Reparaciones, y,
en marzo de 1939, director del Instituto de
Crédito para la Reconstrucción Nacional,
siendo meses más tarde ministro de Agricultura
y encargado del departamento de
Trabajo. En 1941 fue nombrado ministro de
Hacienda, desde donde pasaría a la gobernación
del Banco de España para ocupar
también el cargo de comisario de la Banca
oficial. Durante su largo mandato tuvo lugar
la reorganización y nacionalización total
del Banco de España (1962), impulsada
por el ministro de Hacienda Navarro Rubio.
De esta manera, al eliminarse el capital
privado, la plana mayor de consejeros
con título nobiliario desapareció del banco
central. Todo un símbolo de una nueva
época. Desde allí se impulsó la racionalización
burocrático-empresarial del desarrollo
económico de los siguientes años.
Los héroes de la economía fueron los tecnócratas
y ejecutivos, que desplazaron a
los viejos representantes de la aristocracia
financiera. Este grupo se despegó definitivamente
de la nobleza tradicional en función
del proceso apuntado, comenzando
una transformación de la clase alta, propia
de una sociedad industrial contemporánea,
que culminaría en los años 80, perdiendo
paulatinamente su característica global
aristocratizante. No por ello desapareció la
presencia de la nobleza en los cuadros superiores
de empresas y bancos, pero su influencia
social, su prestigio económico y su
preeminente símbolo de referente social
quedaron eclipsados paulatinamente. Tesis
sugerente de la que deberán quizá partir
las futuras investigaciones al respecto.
No cabe duda, de que la nueva clase alta
no sólo tuvo un papel hegemónico en la
organización económica sino en el futuro
del régimen franquista. Los sectores más
modernizados de las élites del poder se
plantearon un horizonte político sobre el
que pesaba el mundializado vendaval juvenil
de 1968 y la inevitable muerte de
Franco, disparando con la crisis de sucesión
el riesgo imaginable de una crisis final
del Estado. Con la emergencia de la nueva
clase política, partidaria de una transición
hacia la democracia, encabezada por la generación
del rey Juan Carlos I se produjo el
sucesivo relevo generacional de la vieja clase
dirigente, cada vez menos vinculada a
los títulos del siglo XIX. Si bien algunos de
sus miembros tuvieron relaciones con alguna
familia de la nobleza, constituyeron
una excepción. La aristocracia cortesana no
fue restaurada en 1975 ni los monarcas recibieron
a los Grandes en una recepción en
el Palacio Real hasta fecha muy avanzada
de su reinado. Por aquellos años, la figura
del simpático pero anacrónico noble, el
marques de Leguineche —personaje de la
saga cinematográfica de Luis G. Berlanga—
interpretado por un auténtico aristócrata,
Luis Escobar, se convirtió en todo un
símbolo social: para la nobleza había llegado
el momento de la definitiva despedida
de su viejo mundo, perdido en la Guerra
Civil, y no le quedaba más remedio que diluirse
—aquellos que pudieran— en las
nuevas élites españolas o admitir una caída
en el escalafón social (ESCOBAR, 2000).
174 Antonio Manuel Moral Roncal
1 Este artículo forma parte del proyecto de investigación
PB97-0107 sobre la nobleza española
en la Edad Contemporánea financiado
por el Programa Sectorial de Promoción
General del Conocimiento, del Ministerio de
Educación y Ciencia.
2 Por eso se desestimó el recurso del bisnieto
de Juan Pérez de Berrasti, defensor de Ciudad
Rodrigo contra los franceses en 1810, reclamando
la creación del título de conde de
la Defensa de Ciudad Rodrigo. Así se le notificó
el 31 de mayo de 1883. Archivo del Ministerio
de Justicia (En adelante, AMJ), sección
Títulos, leg. 288-1, nº 2823.
3 AMJ, Títulos, leg. 79-1, nº 671.
4 AMJ, Títulos, leg. 340-4, nº 3611.
5 Y de los numerosos títulos que tuvieron que
malvivir en considerables ocasiones. Tal fue
el caso de don Carlos Drake y Redondo
(1887-1937), marqués de Eguaras y conde de
Vega-mar. En su testamento, realizado el 22
de febrero de 1935, declaraba que vivía en la
madrileña avenida de Bravo Murillo —un
barrio alejado del centro y nada aristocrático—
y que todos los muebles, ropas, objetos,
efectos y enseres que existían en su domicilio
eran de la exclusiva propiedad de su sirvienta,
doña Obdulia Calderón Revilla,
quien se los había comprado y pagado en vida,
excepto las ropas de uso personal del
testador, papeles, resguardos, una escribanía,
un reloj y un barómetro. El marqués
nombraba heredera «de todos sus bienes» a
su madre, doña Rosa Redondo Guerrero, y
en su defecto, a sus hermanos. AMJ, Títulos,
leg. 170-2, nº 1475.
6 Doña Rosario Daoiz poseía dos haciendas de
labor en Morón, con sus respectivos caseríos,
valoradas en 1.800.100 reales, además
de un cortijo en el Puerto de Santa María, cedidos
en régimen de arrendamiento a unos
labradores. Al mismo tiempo, la reina le concedió
el título de vizcondesa del Parque el 7
de mayo de 1852. AMJ, títulos, leg. 112-1, nº
1009.
7 Ibíd.
8 Como Narciso Liñán y Heredia, conde de
Doña Marina (1881-1955), licenciado en Derecho,
doctor en Filosofía y Letras, jefe del
archivo y biblioteca del ministerio de Estado
durante el reinado de Alfonso XIII. AMJ,
Títulos, leg. 228-4, nº 2062.
9 AMJ, Títulos, leg. 112-1, nº 1009.
10 AMJ, Títulos, leg. 279, nº 2670.
11 AMJ, Títulos, leg. 225, nº 235.
12 Álvaro Moreno obtuvo carta de sucesión del
título el 12 de junio de 1964. Enrique Falcó
Carrión, ingeniero agrónomo, solicitó la carta
de sucesión al título de su padre, José Falcó
y Álvarez de Toledo, obteniéndola el 30
de mayo de 1984. AMJ, Títulos, leg. 340-4, nº
3611 y leg. 88, nº. 763.
13 AMJ, Títulos, leg. 315-1, nº 3362.
14 También se destacó su ayuda a alentar la
operación G y la M1, por la cual se pudo exportar
a América numerosos productos españoles.
En el momento de su concesión, este
empresario vasco contaba con 74 años y
pudo disfrutar de su título otros catorce.
AMJ, Títulos, Leg. 280-2, nº 2679.
15 Sin contar, al igual que el anterior, con su decisiva
posición a favor del Bando Nacional
durante la guerra civil, en la cual perdió a
uno de sus hijos. AMJ, Títulos, leg. 344-3, nº
3676.
Aristocracia y poder económico en la España del siglo XX 175
NOTAS
BIBLIOGRAFÍA
ARRIBAS MACHO, J. M. (1989): «El sindicalismo
agrario: un instrumento de modernización
de la agricultura», Historia Social, 4, pp.
33-53.
BANCO DE ESPAÑA (1942): Memoria de la Junta
Central de Accionistas del Banco de España,
29 de noviembre y 6 de diciembre de 1942, Banco
de España, Madrid.
BAZ VICENTE, M. J. (1998): «Los dominios y
prebendas eclesiásticas de la Alta Nobleza
en Galicia: la historia de una reintegración
frustrada», Cuadernos de Estudios Gallegos,
XIV, fascículo 110, pp. 73-107.
BERNÁRDEZ SOBREIRA, A. (2000): «Gran propiedad
y movilización sociopolítica del campesinado:
la Asociación de Ganaderos durante
el primer tercio del siglo XIX», Cuadernos
de Estudios Gallegos, t. XLVII, fascículo
113, pp. 177-203.
CABO VILLAVERDE, M. (2000): «Asociacionismo
dende arriba: As Cámaras Agrícolas en
Galicia», Cuadernos de Estudios Gallegos, tomo
XLVII, fascículo 112, pp. 203-219.
CARASA SOTO, P. (1996 a): «Élites castellanas
de la Restauración: del bloque de poder al
mircroanálisis», Historia Contemporánea, 13-
14, pp. 157-197.
CARASA SOTO, P. (2001 b): «De la Burguesía a
las Elites, entre la ambigüedad y la renovación
», Ayer, 42, pp. 213-241.
CUENCA TORIBIO, J. M. y MIRANDA, S. (1998
a): El Poder y sus hombres. ¿Por quiénes hemos
sido gobernados los españoles?, Actas, Madrid.
CUENCA TORIBIO J. M. y MIRANDA, S. (1998
b): «Nobleza y poder ejecutivo en la España
Contemporánea», Historia Contemporánea, 17,
pp. 159-168.
DE DIEGO, Á. (1999): «La participación de la
nobleza en las Cortes de Franco (1943-
1952)», Aportes. Revista de Historia Contemporánea,
40, pp. 127-146.
DÍAZ HERNÁNDEZ, O. (1998): Los marqueses de
Urquijo. El apogeo de una saga poderosa y los
inicios del Banco Urquijo, 1870-1931, Eunsa,
Pamplona.
ESCOBAR, L. (2000): En cuerpo y alma. Memorias,
Temas de Hoy, Madrid.
FLORENCIO PUNTAS, A. (1994): Empresariado
agrícola y cambio económico (1880-1936), Alfar,
Sevilla.
FRADERA, J. M. y MILLÁN, J. (Eds.) (2000): Las
burguesías europeas del siglo XIX. Sociedad civil,
política y cultura, Biblioteca Nueva, Madrid.
GARCÍA FERRANDO, M. (1977): La innovación
tecnológica y su difusión en la agricultura española,
Madrid.
GINER, S. (1972): «La estructura económica de
España». En VV.AA, Horizonte español 1972,
Ruedo Ibérico, París.
GORTÁZAR, G. (1986): Alfonso XIII, hombre de
negocios, Alianza, Madrid.
GRUPO DE ESTUDIOS DE HISTORIA RURAL
(1995): «Contribución al análisis histórico de
la ganadería española, 1865-1929», Agricultura
y Sociedad, 10, pp. 105-171.
MAYER, A. (1990): La persistencia del Antiguo Régimen,
Alianza, Madrid.
MILLÁN, J. (1997), «Campesinado y cambio social
en la politización de la sociedad contemporánea.
Una discusión sobre el conservadurismo
agrario valenciano». En:
FERNÁNDEZ, L. et al., Poder local, élites e
cambio social na Galicia non urbana (1874-
1936), Universidad de Santiago, pp. 161-
188.
MORAL RONCAL, A. M. (1998): «Patrimonio y
fortuna de un linaje». En GARCÍA PINACHO,
P.: Los Álvarez de Toledo. Nobleza viva,
Junta de Castilla y León, Segovia, pp. 99-125.
MORALES MUÑOZ, M. (1999): «El papel de las
élites en la industrialización andaluza», Baetica,
21, pp. 431-449.
MORENO FONSERET, R. y SEVILLANO CALERO,
L. (2000): «Los orígenes sociales del
franquismo», Hispania, 205, pp. 703-724.
MORILLAS, J. (2000): «Aristos en el crecimiento
económico. Revalidación y nuevo cuño»,
Aportes. Revista de Historia Contemporánea, 44,
pp. 69-76.
MOYA, C. (1994): Estado nacional y sociedad industrial,
1936-1980, Alianza, Madrid, 1994.
PABÓN, J. (1999), Cambó, reedición, Madrid.
NADAL, J. y CARRERAS, A. (1990): Pautas regionales
de la industrialización española, Crítica,
Barcelona, 1990.
PERINAT, L. G. (1996): Recuerdos de una vida itinerante,
Compañía Literaria, Madrid.
PRO RUIZ, J. (1995): «Las élites en la España liberal:
clases y redes en la definición del espacio
social (1808-1931)», Historia Social, 21,
pp. 47-69.
REGATILLO, E. F. (1950): El marqués modelo. El
segundo marqués de Comillas, Imbrico, Santander.
SÁNCHEZ RECIO, G. (Ed.) (1998): El primer
176 Antonio Manuel Moral Roncal
franquismo, revista Ayer, Marcial Pons, Madrid.
SCOTT-ELLIS, P. (1996): Diario de la guerra de España,
Plaza y Janés, Barcelona.
SECO SERRANO, C. (1990 a): Alfonso XIII y la
crisis de la Restauración, Eunsa, Pamplona.
SECO SERRANO, C. (1995 b): La España de Alfonso
XIII. El Estado y la política, 1902-1931,
tomo I, Espasa-Calpe, Madrid.
SECO SERRANO, C. (1998 c): Estudios del reinado
de Alfonso XIII, Real Academia de la Historia,
Madrid.
SECO SERRANO, C. (2001 d): Alfonso XIII, Arlanza
Ediciones, Madrid.
SHUBERT, A. (1991): Historia social de España
(1800-1900), Nerea, Madrid.
SIERRA, M. (1996): La política del pacto: el sistema
de la Restauración a través del Partido Conservador
sevillano (1874-1923), Universidad
de Sevilla.
SIMPSON, J. (1997): La Agricultura española
(1765-1950). La larga siesta, Alianza, Madrid,
1997.
SUÁREZ, L. (1993): Franco y su época, Actas, Madrid.
TUSELL, J. (2001): Alfonso XIII. El rey polémico,
Taurus, Madrid.
Aristocracia y poder económico en la España del siglo XX 177